Los males de nuestra democracia y una reforma que no cumple

Es un lugar común decir hoy que la democracia se encuentra en problemas porque no logra responder a las urgencias de las personas. Esta situación ha tenido por consecuencia una relativización a nivel global con respecto a su valoración y ha permitido el avance de proyectos autoritarios y de extrema derecha, que aseguran ser más eficaces.

En Chile este problema se viene arrastrando hace décadas. Se ha gastado mucha tinta retratando la impotencia ciudadana ante la incapacidad del sistema político de traducir en políticas concretas las demandas y urgencias sociales.

Hace pocos días se despachó una reforma al sistema político que buscaba, según sus promotores, mejorar la representación y combatir la fragmentación, uno de los supuestos peores males de nuestra democracia. ¿Soluciona esta reforma realmente los problemas que aquejan a nuestra democracia o más bien puede contribuir a profundizar la impotencia ciudadana al generar una expectativa que no se cumplirá?

De la democracia se han dicho muchas cosas para intentar definirla. Pero, sobre todo, hay dos que son determinantes: es un régimen político basado en la igualdad de sus ciudadanos y en el que las definiciones políticas se sostienen en una regla de mayorías, o, como se ha dicho en su forma moderna, que vehiculiza una voluntad popular.

Hay un problema, sin embargo, para el cual las sociedades contemporáneas no han encontrado solución y que afecta directamente al funcionamiento de la democracia: la concentración de la riqueza. El desmesurado poder y capacidad de influencia de los más ricos, de la oligarquía, termina transformándose en un dique de contención de la voluntad popular. Es el gran problema de nuestros tiempos.

Esta situación constituye una verdadera ley de hierro de nuestras sociedades contemporáneas, un círculo vicioso en que la concentración de riqueza genera oligarquización, la oligarquización genera el bloqueo de la voluntad popular, este bloqueo genera frustración ciudadana ante el incumplimiento de las “promesas de la democracia”, y esto, finalmente, lleva al desapego y desafección con la democracia misma. Se trata de una rueda de la desafección que en su rodar profundiza el problema.

El resultado, que pavimenta el camino al autoritarismo, se nos presenta ante nuestros ojos como una realidad totalmente invertida. Se dice que hay un problema de la democracia, cuando el verdadero problema es ¡la falta de democracia!.

La defensa de la democracia, por tanto, no es una defensa en abstracto. Es habilitarla para que tenga condiciones de enfrentar los bloqueos oligárquicos y pueda permitir la canalización de la voluntad popular. En simple: que el proceso político pueda responder a las urgencias de las personas.

Esto requiere de mecanismos institucionales que garanticen que esta finalidad pueda cumplirse, con mayor razón cuando las condiciones para la igualdad material de los ciudadanos no están dadas ante los niveles de concentración económica que hoy conocemos.

Viendo el problema desde esta perspectiva, es claro que esta reforma al sistema político no soluciona el problema principal. En realidad, nos presenta de nuevo un problema invertido: mostrándose como una reforma que mejora el funcionamiento y la eficacia de la democracia, en realidad, con cierta nostalgia binominal, facilita el control del proceso político por parte de los gobiernos y el puñado de partidos con representación parlamentaria. Pero no resuelve en absoluto el problema principal de nuestro sistema, que es el problema de la representación y que las demandas sociales puedan transformarse efectivamente en políticas concretas.

Se plantea que el gran problema es la fragmentación política. Hoy, luego de la unificación del Frente Amplio y la disolución de 13 partidos tras las últimas elecciones, apenas se pasa de los 10 partidos políticos legalmente constituidos en un país de 20 millones de habitantes. Realmente no es una gran cosa y, de hecho, confirma las dificultades que la normativa actual ya establece para la supervivencia partidaria.

Pero, además, es completamente falso que Chile tenga un problema de proliferación de partidos políticos y que la ciudadanía se encuentre ansiosamente inscribiendo partidos por doquier. Al contrario, eso no ocurre, precisamente porque las barreras ya son bastante elevadas y eso lo sabe cualquiera que haya intentado levantar un partido desde cero. La llamada fragmentación actual no proviene de la sociedad, proviene del mismo ecosistema político que fomenta la “mitosis” partidaria al interior del Congreso.

Frente a la fragmentación que sí afecta a la representación -la que se produce al interior del Congreso-, la reforma optó por sanciones administrativas menores, pero renunció a lo central, que se planteó en algún momento de la tramitación: la pérdida del escaño para los parlamentarios electos por un partido que luego se cambian a otro. Se castiga el traslado de recursos, pero no el traslado del mandato ciudadano, que es precisamente la afrenta a la representación.

Pero más grave aún, ni siquiera abordó la generación de mecanismos para que la ciudadanía pueda tener control sobre el proceso político de alguna manera que no se reduzca a la mera votación cada 4 u 8 años. Políticas como las iniciativas populares de ley o el veto ciudadano a leyes emanadas desde el Congreso, que existen en Suiza, Uruguay y una veintena de estados de EE.UU, son ejemplos de esto.

Este tipo de mecanismos son los que contribuyen a poner a raya el poder oligárquico, mejoran la representación y, con ello, fortalecen la democracia al facilitar que los resultados de su proceso político se vinculen con las demandas efectivas de la ciudadanía. Así, sin generar mecanismos para aquello, el problema de falta de representación de la democracia sigue vigente, la impotencia ciudadana ante una democracia que no responde a sus demandas no encuentra solución y la rueda de la desafección democrática sigue girando.

Se ha dicho en reiteradas ocasiones que los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia y es verdad. En un momento donde la extrema derecha y los autoritarismos avanzan de manera irrefrenable y en que la concentración de riquezas alcanza niveles inéditos, el reforzamiento de la democracia es fundamental porque es una garantía de resguardo material para las personas.

La agenda que empujan los autoritarismos de extrema derecha no es una de bienestar para los sectores populares, es, por el contrario, de austeridad, como ya lo estamos viendo con la agenda de Kast en sus primeros siete meses de gobierno. Por tanto, profundizar los mecanismos de la democracia no es solo una cuestión de principios ni ideas abstractas, es una tarea urgente para que nuestras sociedades puedan efectivamente resolver sus problemas y responder con la urgencia que se requiere a las necesidades de la ciudadanía.