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El eventual restablecimiento de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas no puede reducirse a una discusión sobre vuelos, pasajeros o negocios. Exige mirar el mapa completo, comprender nuestra historia y evaluar los intereses chilenos en el extremo austral. La pregunta de fondo es si Chile actúa con la visión geopolítica que este territorio demanda.
Chile y Argentina tienen límites establecidos por los tratados de 1881 y 1984. Esos acuerdos permitieron construir una relación de paz y estabilidad tras décadas de tensiones. Con el retorno a la democracia, ambos países abrieron una nueva etapa, fundada en la confianza mutua y en la convicción de que las diferencias territoriales estaban encauzadas.
Pero surgió un elemento distinto: la reivindicación argentina sobre las islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes. Chile respaldó esa posición durante más de tres décadas, bajo gobiernos de distinto signo político.
Lo hizo incluso cuando Argentina apoyó la pretensión boliviana de obtener una salida soberana al Pacífico a costa de territorio chileno. Sostuvimos nuestra solidaridad con Buenos Aires pese a la falta de reciprocidad en una materia fundamental para nuestros intereses.
Esa solidaridad, sin embargo, no podía ser un cheque en blanco ni justificar que se desatendieran nuestros derechos.
En 2009, Argentina presentó ante Naciones Unidas su propuesta de extensión de la plataforma continental, que incluyó espacios al suroriente del meridiano del Cabo de Hornos, más allá de lo establecido en el Tratado de 1984. No fue un detalle técnico: planteó una controversia que afectaba intereses chilenos y tensionaba las bases de la estabilidad austral.
Chile demoró en dimensionar sus consecuencias. Podemos discutir si las respuestas de los gobiernos de Bachelet y Piñera fueron suficientes, pero no logramos evitar que la iniciativa se convirtiera en una controversia de primera importancia. Faltaron anticipación y firmeza ante una pretensión que no podía tratarse como una diferencia menor.
Algo similar ocurrió en el estrecho de Magallanes. Las disposiciones argentinas sobre navegación, los acuerdos adoptados en el marco del Mercosur y la UNASUR, y los episodios que afectaron la circulación de buques evidenciaron los riesgos de debilitar el régimen jurídico de neutralidad y libre navegación.
La controversia por el ingreso a Punta Arenas del buque británico Forth, durante el gobierno de Boric, expuso esas debilidades. Por eso he insistido, hasta ahora sin resultados, en que la representación de Cancillería en Punta Arenas sea una persona con carácter, conocimiento y experiencia, y no un premio de consuelo ni una designación por cercanía con el segundo piso.
En este contexto debe analizarse la eventual reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y Malvinas. No basta con celebrar sus oportunidades económicas ni descartarlas por razones ideológicas. Hay que ponderar sus consecuencias comerciales, diplomáticas y estratégicas.
Argentina puede considerar contradictorio que Chile respalde su reivindicación sobre las islas y, al mismo tiempo, impulse vínculos que fortalezcan la conectividad y la actividad económica del territorio bajo administración británica. Esa tensión existe, pero no se resuelve ignorándola ni sacrificando automáticamente las oportunidades de Magallanes.
Lo inaceptable es tratar un asunto de esta magnitud como una decisión comercial aislada. Debe evaluarse en el marco de nuestra política exterior, los compromisos con Argentina y los intereses permanentes de Chile. No es una cuestión que puedan resolver por sí solos los actores locales: requiere una mirada de Estado.
Magallanes no puede seguir siendo una frontera distante a la que Santiago presta atención solo cuando estalla una controversia. Necesitamos una política austral de largo plazo, con objetivos claros en soberanía, conectividad, infraestructura portuaria, navegación, proyección antártica y desarrollo económico. El estrecho de Magallanes, el canal Beagle, la plataforma continental y las conexiones con la Patagonia argentina integran un mismo espacio geopolítico.
También contamos con un activo que nuestra Cancillería no ha sabido leer ni ponderar estratégicamente: el patrimonio histórico y humano compartido con la Patagonia argentina. Miles de chilenos contribuyeron al desarrollo de Santa Cruz, Tierra del Fuego y otras localidades. Sus vínculos familiares, laborales y culturales forman parte de una historia regional cuyo valor diplomático sigue desaprovechado.
No se trata de levantar una trinchera contra Argentina, sino de defender nuestros derechos, anticipar controversias y negociar desde una posición sólida. Tenemos geografía, fundamentos jurídicos y vínculos humanos que debemos convertir en una política permanente, más allá de los gobiernos y las coyunturas.
La ruta a Malvinas puede reabrirse o no. Lo que no puede seguir postergándose es una definición estratégica sobre el futuro austral de Chile. Un país que no proyecta sus intereses termina reaccionando ante las decisiones de otros.Magallanes, por su historia, su posición y su importancia geopolítica, merece mucho más que eso.
