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Magallanes, destino turístico para el sector público
De pronto el estrecho de Magallanes tiene importancia (y urgencia).
Por décadas este pasaje natural chileno que vincula a los dos principales océanos del planeta permaneció arrumbado en la bodega del imaginario geográfico de nuestra clase dirigente, cuyo conocimiento sobre el mismo se reduce a comentar que “el estrecho se ve cuando, camino al Parque Torres del Paine o a la Antártica, el avión está por aterrizar en Punta Arenas”.
Por décadas la región de Magallanes fue un destino de “turismo de Estado” para “visitas de trabajo” de autoridades, parlamentarios, comisiones parlamentarias y un potpurrí de funcionarios públicos que arriban a Punta Arenas tipo jueves por la tarde, para trabajar el viernes y, luego, pasear un poco.
En esa última parte lo sustantivo regularmente consiste probar el cordero magallánico y, si se puede, “devolverse a Santiago con un kilo de centolla”. Se sabe que “el viaje a Magallanes vale la pena”, especialmente si se viaja “acompañado”. Suena patético, porque lo es.
De pronto también se ha puesto de moda la expresión “geopolítica”, que hasta hace poco evocaba a la dictadura militar o, en el mejor de los casos, a un problema de las FF.AA.
Constatada la intempestiva (y violenta) clausura de la era de las grandes cumbres del clima, de las “cuestiones de género”, los derechos de las minorías y de los tratados multilaterales al servicio de la industria del buenismo woke, la necesidad de “entender de geopolítica” ha regresado para quedarse. La disciplina está de vuelta de la mano del unilateralismo y de la política de poder, en el sentido más material y egoísta posible.
Es en este marco en el que la actual cuestión del estrecho de Magallanes debe inscribirse.
Allí deben situarse las declaraciones del embajador norteamericano sobre ese pasaje marítimo, al igual que las ya reconocidas pretensiones argentinas por coadministrarlo. Este es también el escenario en el que se está gestando el impasse que anuncia el programado viaje de un buque chileno que irá desde Punta Arenas a Port Stanley. Ese impasse pondrá a prueba la resiliencia del conjunto de la relación bilateral con Argentina.
La circunstancia exige que comprendamos la matriz del asunto.
Lo hecho, hecho está
En su conocida canción “From the beginning” (“Desde principio”, 1972), el célebre grupo británico Emerson, Lake and Palmer sentencia: “whatever was done is done” (“lo hecho, hecho está”). Conforme con esa premisa (y en perspectiva), en nuestra crónica y acumulada incomprensión de la múltiple importancia del estrecho de Magallanes reside la lógica de la crisis vecinal que parece estar por ocurrir.
Sobre esto hay que comenzar por recordar que, en lo relativo a la “cuestión de Malvinas”, en 1991 Chile abandonó su tradicional neutralidad activa, que abogaba por una solución directa, pacífica y negociada entre el Reino Unido y Argentina.
La neutralidad activa permitió a Chile no terminar arrastrado al conflicto de 1982, en una época en la que, también hay que recordar, la Mediación Papal continuaba sin señales de que el gobierno militar argentino estuviera dispuesto a aceptar una solución negociada para la cuestión del Beagle (el plan de invasión argentino seguía vigente).
La diplomacia del primer gobierno de la Concertación dejó atrás esa neutralidad para solidarizar de pleno con el reclamo argentino sobre el archipiélago de las Falkland/Malvinas. No solo eso: extendió el aval a ciertos “espacios marítimos circundantes” a las islas Georgia y Sándwich del Sur, situadas, como todos deberíamos saber, a mucho más de 2 mil kilómetros de la tierra firme sudamericana. Sobre esos territorios los títulos (y la presencia efectiva) argentina son mucho más que discutibles (si es que existen).
En 1991 los “espacios marítimos circundantes” correspondían a aquellos definidos y caracterizados en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), e incluían tanto a la plataforma legal de 200 millas marinas, como a la plataforma continental extendida (o geo-científica) más allá de las 200 millas. Esta última solo es aplicable desde 1999.
Hoy es claro que el análisis político-diplomático chileno nunca logró hacer el distingo entre el significado de “los espacios marítimos circundantes” submarinos del Atlántico Sur antes y después de 1991-1999, es decir, antes y después de la entrada en vigor de la normativa internacional sobre plataforma continental más allá de las 200 millas.
En virtud de esta última, en 2009 Argentina presentó su bien conocido reclamo de “plataforma extendida” que incorpora a las islas Falkland/Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur. En este ámbito -en la interpretación de Buenos Aires- el aval chileno sobre los “espacios marítimos circundantes” se entiende implícitamente aplicable a su proyección maximalista, más allá de las 200 millas, que al final se sobrepone a la Antártica Chilena. Notable.
Si esto ya es conocido, lo relevante ahora es que -desde la perspectiva legal, el análisis geopolítico y el imaginario geográfico argentino- el que en Nueva York esa proyección submarina no haya sido jurídicamente validada por el organismo técnico-legal competente (el Reino Unido objetó el procedimiento), el “detalle” no es importante.
En la práctica, eso no es obstáculo para que, junto con el Mar Territorial y la Zona Económica Exclusiva, en el imaginario popular argentino los espacios submarinos adyacentes a las islas del Atlántico Sur sean consideradas incorporados a su territorio. Así además lo prescribe el ordenamiento jurídico argentino, que incluye a la Ley 27.557 en vigor desde agosto de 2021 (límites exteriores de la plataforma continental argentina).
Que la plataforma continental más allá de las 200 millas no es lo mismo que la Zona Económica Exclusiva “no es tema para el vecino”. Durante años hemos insistido en que este no es un asunto jurídico, sino una cuestión geopolítica y de mentalidades. La función última de “la cuestión de Malvinas” es unir a los diferentes sectores de la política y de la sociedad argentina (que de otra forma son difícilmente conciliables).
En la óptica del vecino, “la cuestión de Malvinas” hace obligatoria la ofensiva del gobierno Milei en contra de las empresas que se aprontan a participar en el inicio de la explotación del subsuelo de las islas Falkland. Más allá de la compleja situación social preelectoral que vive Argentina, desde el punto de vista de su Derecho interno, el que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención del Mar no haya “validado” su reclamo es, como ya se indicó, irrelevante.
Por lo mismo, el anunciado viaje de un barco chileno que -desde el “neutralizado” estrecho de Magallanes- se apronta a reiniciar el contacto comercial en vísperas de lo que podría ser “el boom de los hidrocarburos en las Malvinas”, debe entenderse como un acto inaceptable para el vecino. Mientras el escenario jurídico de 1991 es distinto al de 2026 (durante el primer gobierno de la Concertación la Convención del Mar no había entrado en vigor), el problema geopolítico y de mentalidades de fondo es el mismo.
Bajo un prisma similar debe ahora interpretarse lo que en 2022 (después de promulgada la ley argentina de plataforma continental) un alto diplomático chileno calificó de “favores al embajador argentino”, a saber, la prohibición de recalada en Punta Arenas para un buque británico procedente de Port Stanley. Mirado desde Buenos Aires, ese “favor” constituyó un “acto de coherencia chilena” con las declaraciones presidenciales post 1991 y, también, consistente con el conocido decreto argentino de 2010, que exige “un permiso” para que naves de cualquier bandera (incluida la chilena) visiten el archipiélago británico.
¿Si hace tres años la prohibición chilena estaba en vigor, por qué en 2026 es un barco chileno el que quiere navegar entre el estrecho y las “Malvinas”?
Lo complejo para nosotros es que dicho “favor diplomático” es un eslabón de la cadena de concesiones unilaterales irreflexivas, errores y omisiones chilenas practicadas desde 1991.
La contingencia demuestra que, hasta fecha muy reciente, ni nuestros gobernantes, ni nuestros políticos, ni nuestros diplomáticos profesionales repararon en que la solidaridad acumulada con “la causa de Malvinas” terminaría por hacer evidente la frontal contradicción que ese apoyo altruista (al ritmo de charangos, quenas y zampoñas) tiene en el mundo real con lo prescrito (en castellano) en “los tratados vigentes”.
Con esto no me refiero a la libertad de navegación del estrecho de Magallanes, sino a su neutralidad permanente, que obliga tanto a Chile como a Argentina. En contexto, “los tratados vigentes” prohíben instrumentalizar las aguas jurisdiccionales argentinas adyacentes para ponerlas “al servicio de la causa de Malvinas” y, con ello, restringir el derecho de salir o entrar normal al estrecho de Magallanes (“estrecho utilizado por la navegación internacional”).
En la práctica y en el Derecho, si Argentina hostilizara, detuviera o multara al buque chileno que irá y regresará desde Port Stanley, constataríamos una gravísima violación del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ese instrumento sostiene al conjunto de la relación bilateral.
Este es el precio de décadas de relativismo y superficialidad política y diplomática.
A nuestro juicio, lo que para el interés de Chile exigen las circunstancias es la completa revisión de nuestra solidaridad político-diplomática con “la causa de Malvinas”. A esto nos obliga el maximalismo argentino.
Regresar a la neutralidad activa
En este plano hay que considerar que las “declaraciones presidenciales” son acuerdos entre gobiernos, no entre Estados. Es decir, no son “tratados bilaterales” (no fueron discutidas ni aprobadas por el Congreso, ni promulgadas por el Ejecutivo).
Entendido lo anterior, resulta imprescindible una declaración unilateral del gobierno chileno con la que, en la cuestión de las Falkland/Malvinas, regresemos al país a la neutralidad activa.
Basta de “Notas de protesta” inconducentes.
Regresar a la neutralidad es la única forma de evitar insistir en las inconsistencias y terminar arrastrados a un conflicto en el que el interés del pueblo chileno no tiene nada que ganar (y mucho que perder). También, es la manera de evitar un precedente que afecte a nuestra propia concepción de las obligaciones pactadas en 1984.
Eso amén del perjuicio que el “apoyo genérico a la causa de Malvinas” tiene -por efecto de la interpretación maximalista argentina- sobre la coherencia de nuestra propia tradición geo-histórica y jurídica en materia de la “correcta doctrina” de límites australes y antárticos de la República.
Todo esto tiene la máxima urgencia. Antes de un mes, una nave chilena zarpará desde el estrecho de Magallanes en dirección a las islas Falkland/Malvinas. Eso, a menos que alguna autoridad civil o militar se atreva a prohibir el zarpe, y se arriesgue a un recurso judicial de imponderables consecuencias administrativas, legales y constitucionales.
Los intereses personales, políticos, económicos o comerciales puntuales y coyunturales que pudieren oponerse a nuestro sinceramiento en materia de “la causa de Malvinas” no representan el sentir del conjunto del pueblo chileno. Como siempre, ese tipo de intereses minoritarios son, empleando una expresión portaliana, “el peso de la noche”. El Gobierno y el Presidente de la República deben recordar que la historia les juzgará por sus actos.
El Gobierno también debe considerar que en este asunto la preocupación pública solo puede aumentar y que, en el caso de que en aguas argentinas adyacentes al estrecho se produzca un incidente que involucre a un buque de pabellón nacional, la discusión “por radio” entre naves y marinos chilenos y argentinos no tardará más de 10 minutos en estar disponible en todas las redes sociales.
Después de eso el problema escapará del control del Gobierno, y quedará a merced de los exaltados, los oportunistas, los nostálgicos, los “influencers” y los sucedáneos de expertos.
