Entre otros, los parlamentarios de oposición piden que se solicite información a la Subsecretaría del Ministerio de Educación respecto a los alcances del contrato, cambios en servicios de membresía, trato directo de la plataforma informática “Anótate en la lista” y además sobre las medidas para el uso y protección de datos personales.
La bancada de diputados de Renovación Nacional ofició a la Contraloría General de la República y solicitó un pronunciamiento sobre la cuestionada plataforma “Anótate en la Lista”.
En específico, respecto a los alcances del contrato entre el Ministerio de Educación y la empresa TetherEducation Chile Spa. Además, del Sistema Único de Admisión (SAE) para los establecimientos subvencionados por el Estado.
En el documento los parlamentarios mencionan los problemas surgidos desde la implementación del SAE en 2016, que pese a la transición a un sistema de postulación en línea, sigue con dificultades para los padres en la búsqueda de cupos escolares.
Esta situación, lejos de corregirse con el lanzamiento de la plataforma “Anótate en la lista”, según los diputados, ha hecho que el sistema sea más engorroso.
Lo anterior, sostienen, no sólo por la inestabilidad del sistema que reportó varias caídas, sino que “se complejizó aún más el proceso en el afán de invisibilizar una realidad que, más allá del sistema de matrícula o postulación, deja en evidencia las precariedades del sistema”.
Igualmente, los parlamentarios acusan una grave situación, pues la plataforma -además de presentar deficiencias- ofrece funciones adicionales con un pago extra de 2,5 UF + IVA mensual a los establecimientos educativos.
Otro de los aspectos más relevantes para los parlamentarios, es que el contrato entre la Subsecretaría de Educación y TetherEducation Chile Spa, fue por un monto de $142.800.000 y se realizó por trato directo.
Esto, argumentando la necesidad de tiempos para la creación e implementación de una nueva plataforma, según un informe de la Coordinadora Nacional de Tecnología de la Subsecretaría de Educación.
“Anótate en la Lista”: Diputados de RN ofician a Contraloría
Frente a lo anterior, los diputados pidieron al Contralora que garantice el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y probidad en todas las funciones y cargos públicos.
Por lo que solicitaron que el ente contralor requiera información, tanto a la Subsecretaría de Educación como a otras partes pertinentes, respecto a posibles irregularidades en la adjudicación y funcionamiento de la plataforma “Anótate en la lista” del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Igualmente, la bancada de oposición también requirió pronunciamiento sobre la protección y uso de datos proporcionados a la Subsecretaría de Educación, ya que aunque en el contrato se hace referencia al cumplimiento de las políticas de seguridad de información del Mineduc, no se menciona el posible uso comercial de esos datos por parte de la empresa contratada.
Además, para los parlamentarios, resulta cuestionable que, sabiendo de esta opción, no se haya ofrecido a los establecimientos educativos sin costos adicionales, en consonancia con los principios de eficiencia, eficacia y servicialidad.
Finalmente, solicitaron la procedencia del trato directo, y la existencia de vínculos preexistentes entre el Mineduc y la Empresa TetherEducation Chile Spa.
Desde la UDI también ofician a Contraloría
En la misma línea, el diputado Eduardo Cornejo (UDI) solicitó el ente contralor se puede pronunciarse respecto a eventuales infracciones al derecho a la “igualdad ante la ley” en que habría incurrido la plataforma “Anótate en la Lista”.
Esto, luego que se revelara que los distintos establecimientos educacionales podían acceder a servicios adicionales a cambio de un pago monetario.
Al respecto, y junto con calificar como “absolutamente grave” lo detectado en el soporte contratado por el Ministerio de Educación (Mineduc), el parlamentario gremialista aseguró que resulta “indispensable” que el órgano contralor pueda determinar las posibles irregularidades que se cometieron.
Lo anterior, no sólo relacionadas con una eventual desigualdad ante la ley, sino que también por el trato directo que se hizo de la plataforma y las dudas que han surgido respecto de su contratación.
