Transcurrido más de un mes desde que se revocó su prisión preventiva, Daniel Andrade y su equipo de abogados continúan avanzando con su estrategia judicial, solicitando que el Ministerio Público cite nuevamente a la ex jefa de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano.

El representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, solicitó -a través de su equipo de abogados- que la ex jefa de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, sea citada nuevamente por el Ministerio Público para prestar declaración en calidad de testigo.

Según la defensa del imputado de fraude al fisco, tráfico de influencias, entre otros, la diligencia es “importante” ya que, “su rol se encuentra en el ojo del huracán de los hechos que motivaron todos los casos vinculados con las diversas causas de fundaciones y asentamientos precarios en distintas comunas tanto del norte como del sur”, comentaron a La Radio.

El abogado querellante que representa a la UDI, Pablo Toloza, indicó que de acuerdo a los antecedentes que se han conocido del caso Democracia Viva, todavía quedarían elementos que pueden ser esclarecidos a través de la declaración de Serrano.


19 puntos serían los que buscarían ser abordados por los abogados de Andrade en el interrogatorio que se encuentran solicitando a la Fiscalía Local de Antofagasta, en la causa que dirige el fiscal Cristián Aguilar.

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenó prisión preventiva para la representante legal de Fundación TomArte, Kelly Betancourt Acosta, por convenios suscritos entre dicha ONG y la Seremi de Vivienda y Urbanismo en 2022.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que este caso se convirtió en el primero en la historia de la región en formalizar el delito de lavado de activos con ilícito base de fraude al fisco.

Según los antecedentes expuestos por el fiscal Cristián Aguilar en la formalización, el ex seremi Carlos Contreras, que volvió a prisión preventiva por esta arista, intervino de manera directa para favorecer a TomArte, con la asignación de cuatro convenios por un total de 456 millones de pesos.

Lo anterior sin que dicha fundación reuniera los requisitos mínimos de antigüedad y experiencia para ser receptora de los fondos, ni tomar medidas para garantizar el efectivo cumplimiento de los convenios, afirmó el Ministerio Público.