Recortes con otro nombre

“No vamos a tocar los beneficios sociales”. Lo dijo el presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, el 1 de junio, y lo presentó como una promesa de campaña cumplida. No era una frase al pasar: era la garantía de que el apretón lo iban a sentir otros, no las familias que dependen del Estado para llegar a fin de mes. Hoy, con el proyecto de ley de presupuestos 2027 sobre la mesa, esa promesa no resiste una lectura atenta.

Partamos por el lenguaje, porque ahí empieza el engaño. En este gobierno ya nadie recorta. Se “reasigna”, se “optimiza”, se “focaliza”, se eliminan “programas mal evaluados”. Es un diccionario fabricado para que el ajuste suene a gestión y no a lo que es. El problema es que tiene cola de chancho, orejas de chancho y cara de chancho. Pero el gobierno quiere que le creamos que no es un chancho.

Vamos a los números, porque son los que el gobierno prefiere no leer en voz alta. La Ley Ricarte Soto, que financia tratamientos de alto costo para enfermedades graves, pasa de $195 mil millones a $167 mil millones: un 14,5% menos. El Programa Nacional de Inmunizaciones cae 5,3%. Los aportes a municipios para campamentos se desploman 90%, en pleno déficit habitacional. El Subsidio al Arriendo cae 18%. Y los programas de cuidado alternativo para niños y niñas que el Estado tiene bajo su protección pierden $22 mil millones.

El caso más elocuente es el empleo. El gobierno fusionó el Bono al Trabajo de la Mujer, el Subsidio al Empleo Joven y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes en un solo Subsidio Unificado. Suena a modernización. Pero esos tres beneficios sumaban $194 mil millones y el proyecto les deja $90 mil millones: 54% menos. La propia ley que creó el subsidio unificado proyectaba un costo cercano a $187 mil millones al año; el gobierno le asigna $76 mil millones. Eso no es ordenar la casa, es achicarla. Y con un desempleo en el 9.6%, castigar justo a las mujeres y a los jóvenes que buscan un trabajo formal es difícil de explicar.

Después viene el recorte silencioso, el más cobarde de todos: el congelamiento. Un beneficio que se mantiene igual en pesos mientras los precios suben es un beneficio que vale menos cada mes. Para ponerlo en español: el sueldo mínimo de hoy, con la inflación actual, no es el mismo que el 10 de marzo del presente año.

No hace falta borrar una línea del presupuesto para quitarle plata a la gente; basta con no reajustarla y dejar que la inflación haga el trabajo sucio. No aparece en ningún titular, pero se nota en la feria, en la farmacia y en la cuenta de la luz. Y está en el proyecto: según la propia Dirección de Presupuestos, Educación crece 0% real. Cero. El Ministerio de Desarrollo Social, el de los más vulnerables, queda 0,8% bajo la ley que aprobó el Congreso una vez descontada la inflación. El Programa de Alimentación Escolar, que en abril se temió perder, queda prácticamente plano, como si el bencinazo no hubiese aumentado el valor de los alimentos.

Y luego está la famosa focalización. La evaluación del propio gobierno contempla fusionar 25 programas sociales en apenas nueve. Nadie defiende el despilfarro. Pero cuando “focalizar” significa endurecer requisitos y dejar fuera a la clase media que vive a un sueldo de caerse, el resultado es uno solo: menos gente protegida. Se vende como orden, pero es exclusión con planilla Excel.

Lo que más molesta no son los números, sino las prioridades. Un presupuesto no es un documento técnico: es una declaración de quién importa. Y cuando el ajuste cae sobre estudiantes, pacientes de alto costo, mujeres que buscan trabajo y familias en campamentos, mientras el mismo gobierno impulsa una rebaja del impuesto a las empresas de 27% a 23% que, según su propio informe financiero, le cuesta al Fisco $584 mil millones solo en 2027 y $1,8 billones al año cuando esté plenamente vigente, la declaración es clarísima.

Para dimensionarlo: el primer año de esa rebaja equivale a casi tres veces lo que se “ahorra” eliminando el computador de séptimo, recortando Ricarte Soto, achicando los subsidios al empleo, los aportes a campamentos y el cuidado alternativo de niños, todo junto. El esfuerzo fiscal, otra vez, lo pagan los de siempre.

El gobierno dirá que heredó cuentas en mal estado y que alguien tenía que hacerse cargo. Bien. Entonces que lo diga sin eufemismos: “vamos a recortar en lo social y esto es lo que va a doler”. Eso sería, al menos, honesto. Lo que no se puede hacer es prometer que la red de protección no se tocaba y después desarmarla por partes.

Esto no es un detalle contable. Es un problema de palabra. Un gobierno que empeña su compromiso en algo tan sensible como los derechos sociales no puede escudarse después en tecnicismos. La pregunta es simple y cualquiera la puede hacer en su casa: ¿el próximo año el Estado va a hacer más o menos por quienes más lo necesitan? Si la respuesta es menos, la promesa se rompió. Se le llame como se le llame.

Al Congreso le toca ahora revisar partida por partida y exigir que el Ejecutivo transparente cada programa que baja, se congela o cambia sus requisitos. Y al gobierno le queda una última oportunidad para demostrar que su palabra vale algo. Con números, no con frases.