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El reciente informe Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026, de la OCDE, el BID y el Banco Mundial, sitúa a Chile entre los mejores desempeños sanitarios de la región. En sus 188 páginas, la salud bucal ocupa apenas un párrafo y un indicador, pero ese único dato basta para revelar una paradoja que debiera inquietarnos.
Chile cuenta con 14,8 odontólogos por cada 10.000 habitantes según el informe, y con 17,4 según la Superintendencia de Salud en 2024: más del doble del promedio OCDE y la segunda densidad más alta del continente.
Sin embargo, al 31 de marzo de este año había 531.550 interconsultas odontológicas en la lista de espera No GES, encabezadas por la rehabilitación con prótesis removibles, con más de 144.000 casos. ¿Cómo se explica que un país con abundancia de dentistas no logre atender a quienes esperan?
La respuesta está en el financiamiento. Entre 2015 y 2024, el gasto de bolsillo en salud de los hogares chilenos subió del 4,7% al 7,1% de su consumo, el segundo más alto de la región. La atención dental del adulto tiene una cobertura pública acotada y la mayoría de los profesionales se desempeña en el sector privado.
La oferta existe, pero solo para quien puede pagarla, y se distribuye de forma desigual: Biobío supera los 21 dentistas por cada 10.000 habitantes, mientras Arica y Parinacota no llega a la mitad. Costa Rica, con menos odontólogos que Chile, exhibe la menor necesidad de atención no satisfecha de la región gracias a un seguro social único. Nuestro problema no es de número de profesionales, sino de arquitectura del sistema.
A ello se suma el envejecimiento. En 2050, más de un cuarto de la población tendrá 65 años o más, y hoy cerca del 41% de los mayores de 75 años ha perdido todos sus dientes. La garantía GES de salud oral para adultos de 60 años cubre una sola cohorte y no alcanza a quienes concentrarán la demanda, ni a las personas dependientes o institucionalizadas. La rehabilitación protésica no es un lujo: de ella dependen la masticación, la nutrición y la vida social de nuestros mayores.
La pregunta, entonces, ya no es cuántos odontólogos formar, sino cómo poner la capacidad instalada al servicio de quienes hoy no acceden. Tres pasos parecen urgentes: ampliar la compra pública de prestaciones de especialidad a clínicas privadas y universitarias para reducir la lista de espera; extender la cobertura protésica a las personas mayores e incorporar la salud bucal en el Sistema Nacional de Cuidados; y avanzar hacia una ley marco de salud bucal con financiamiento protegido, como hizo Brasil en 2023.
Las universidades contamos con capacidad instalada y voluntad de colaborar. Falta la decisión de política pública que convierta esa abundancia en acceso.
