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El Gobierno insiste en asegurar que nadie quedará sin sus medicamentos. Sin embargo, la pregunta es obligatoria: ¿con qué recursos se logrará cumplir esa promesa?
El costo de una enfermedad compleja no baja por un decreto ni se acomoda a una voluntad política. Una reducción de más de 28 mil millones de pesos se traduce en una amenaza real, frena la incorporación de nuevos pacientes, pone en jaque la continuidad y oportunidad de los tratamientos que hoy están en curso, prolongando la espera de quienes aguardan con angustia que su patología sea finalmente incluida.
Esta alerta presupuestaria no es una fría discusión de planillas; es una realidad que conozco de cerca en mi calidad de médico y que, en mi labor de senador, asumo como una de las batallas políticas más sensibles y urgentes de nuestro tiempo.
La salud no puede ser un privilegio transaccional. La Ley Ricarte Soto nació en 2015 precisamente para romper esa injusticia; se consolidó como una política de Estado con cobertura universal para afiliados a Fonasa, Isapre, Dipreca o Capredena, financiando el 100% de tratamientos de alto costo para 27 problemas de salud graves. Romper ese pacto social es cruzar una línea roja.
Por eso, que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno del presidente José Antonio Kast proponga un recorte de $28.200 millones a esta ley, una disminución real del 14,45%, resulta una señal profundamente dolorosa y contradictoria.
Mientras desde el Ejecutivo se propone reducir estos recursos esenciales, en el Senado nos encontramos tramitando una reforma, aprobada por unanimidad en la Cámara, que busca precisamente lo contrario, aumentar el aporte fiscal permanente, porque el propio Ministerio de Salud advirtió que para el próximo año el fondo dejaría de ser sostenible.
Esta ley ya venía funcionando al límite, viviendo una tensión silenciosa. Desde 2021 no se ha incorporado ninguna nueva patología a la lista, mientras que el número de beneficiarios sigue creciendo de manera sostenida, superando ya las 75 mil personas.
La propia ministra de Salud reconoció en agosto que el presupuesto asignado equivale a apenas casi un tercio de lo que efectivamente se gasta en medicamentos. En este escenario crítico, recortar fondos no es organizar las cuentas de la casa; es derechamente alejar los números de la realidad.
Comparto que la responsabilidad y el equilibrio fiscal son necesarios para el desarrollo del país. Pero este balance jamás puede construirse a costa de la tranquilidad y la supervivencia de quienes enfrentan las enfermedades más graves y costosas.
En un presupuesto general cuyo gasto total crece un 1,5% y donde el área de Salud aumenta un 4,7%, este recorte no responde a una falta de holgura económica; es una decisión de prioridades.
Por esta razón, durante la discusión presupuestaria en el Congreso trabajaremos con firmeza para que estos fondos sean restituidos en su totalidad y para despachar cuanto antes la reforma que asegure el financiamiento de la ley.
La Ley Ricarte Soto devolvió la esperanza y la dignidad a miles de hogares chilenos. Nuestro deber ético y político no es administrar su desgaste ni permitir su retroceso, sino fortalecerla y protegerla.
