Estados Unidos nunca ha sido aliado de Chile (III)

Los conflictos más severos entre Estados Unidos y Chile comenzaron con ocasión de la Guerra del Pacífico (1879-1883). Así, en agosto de 1879 –cuando Chile ya se había apoderado de todo el litoral boliviano- Estados Unidos intentó mediar a través de su ministro (embajador) en La Paz, Newton Pettis, con una fórmula que fue aceptada por Perú y Bolivia, pero rechazada por Chile.

Y en su conversación con la Cancillería chilena, “el ministro Pettis expresó su temor de que, antes de seis meses, Chile se encontrara en presencia de una intervención europea, que el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con la doctrina Monroe, deseaba prevenir” (Francisco A. Encina.- Historia de Chile. Desde la prehistoria hasta 1891, Tomo XVI; Edit. Nascimento, Santiago, 1950; pp. 516-7). El temor de Estados Unidos provenía del hecho de que “los representantes de los países europeos, y especialmente los de Inglaterra y Francia, cuyos banqueros tenían grandes inversiones en el Perú, se mostraron desde el principio inclinados al Perú, sin más excepción que el de Alemania” (Ibid., Tomo XVII; Nascimento, 1951; p. 264).

Por otro lado, desde el comienzo de la guerra, mientras Chile se dotaba de armamentos, municiones y material de guerra desde Europa, “el aprovisionamiento de armas del Perú se hizo principalmente desde Estados Unidos por la vía de Panamá” (Ibid., Tomo XVI; p. 520). Y una vez que se produjo la toma de Lima por el ejército chileno a comienzos de 1881, algunas personalidades peruanas le plantearon privadamente al ministro (embajador) de Estados Unidos en Perú, Isaac P. Christiancy, “que al Perú no le quedaba otra salida que colocarse bajo la protección de los Estados Unidos”. Entusiasmado el ministro “aconsejó a su gobierno incorporar al Perú y sus inmensas riquezas a la Unión, y constituirlo en base para la dominación paulatina de toda la América del Sur” (Ibid., Tomo XVII; p. 393).

Al fundamentar su propuesta al secretario de Estado William M. Evarts, señaló que “la disposición de las masas del pueblo es favorable a los Estados Unidos. Un protectorado o una anexión de los Estados Unidos sería recibido con júbilo (…) El Perú, en las manos o bajo el gobierno de los Estados Unidos, pronto llegaría a ser otra vez uno de los países más ricos del mundo (…) Y si el Perú perteneciera a los Estados Unidos, no pasarían dos años antes de que eclipsara a California, Nevada, Colorado y todas las regiones mineras a lo largo de las montañas Rocky en la producción de metales preciosos” (Ibid.; p. 394).

Y culminó Christiancy su “propuesta” planteando que “cincuenta mil ciudadanos emprendedores, de los Estados Unidos, dominarían toda la población y harían al Perú totalmente norteamericano. Con el Perú bajo el gobierno de nuestro país, dominaríamos a todas las otras repúblicas de Sud América, y la doctrina Monroe, llegaría a ser una verdad; se abrirían grandes mercados a nuestros productos y manufacturas y un ancho campo para nuestro pueblo emprendedor”. Y consciente de lo extrema de su idea, le agregaba: “Esta carta es absolutamente confidencial; está destinada a que sólo Ud. y el Presidente la lean (…) Mi vida correría aquí diariamente peligro, si se hiciese pública” (Ibid.; p. 395).

Evarts, más realista, se jugó por otro esquema para establecer una hegemonía estadounidense en el Pacífico Sur. Uno propuesto por la empresa francesa Crédito Industrial y Comercial que estaba negociando con el nuevo gobierno peruano –reconocido por Chile- de Francisco García Calderón, el monopolio de la venta del guano y salitre peruano.

La empresa le estaba ofreciendo a cambio a dicho gobierno “un anticipo de 4.000.000 de libras esterlinas”, suma que “se entregaría a Chile como indemnización de guerra, en vez de la cesión de Tarapacá exigida por ese país. Y si Chile no aceptaba, se le obligaría por la fuerza, mediante la intervención de una gran potencia, cuyos gobernantes serían interesados en el negocio. Desde el principio los directores del Crédito se fijaron en los Estados Unidos de América” (Ibid.; p. 396). Además, la gestión de Crédito Industrial fue “apoyada por las cancillerías de Francia, Inglaterra, Bélgica y Holanda” (Ibid.).

Sin embargo, el nuevo secretario de Estado -desde marzo de 1881- James G Blaine, ¡sustituyó la empresa francesa por “un negociado aun más audaz y más cínico que el del Crédito Industrial”! (Ibid.; p. 404). Este fue la organización por un abogado estadounidense de la “Peruvian Company”, una sociedad cuyo fin era hacer efectivos los créditos contra Perú que emanaban de derechos sumamente cuestionables que totalizaban 300 millones de dólares.

Sin embargo, tanto los gobiernos de Perú como de Estados Unidos mantuvieron en secreto dicho acuerdo, para hacerlo efectivo una vez que Chile manifestase claramente su renuencia a devolver Tarapacá. Hasta que el nuevo ministro (embajador) de Estados Unidos en Perú, Steffen A. Hurlbut, le envió en agosto de 1881 un Memorándum a la máxima autoridad del ejército chileno de ocupación y jefe político del Perú ocupado, Patricio Lynch, con copia al gobierno de García Calderón y a la prensa.

En él se reconocía el derecho de Chile a exigir una indemnización en dinero, cuyo monto fijaría un árbitro en desacuerdo de las partes y se condenaba las transferencias de territorio no consentidas libremente por el Perú, salvo en el caso que no pudiese pagar la indemnización; y concretamente que “un proceder semejante de parte de Chile encontraría una decidida desaprobación de los Estados Unidos” (Ibid.; p. 410).

Pero aquello generó cuestionamientos de sectores de la prensa estadounidense y de la Cámara de Representantes, tanto por su orientación contraria a Chile, como por los cuestionables intereses económicos subterráneos que empezaron a trascender. En la Cámara, Blaine se defendió diciendo que “es un error ver en este conflicto una guerra de Chile con el Perú. Afirmo que es una guerra de Inglaterra con el Perú. Sin el respaldo del capital inglés, jamás Chile habría emprendido esta guerra. En un futuro inmediato, los Estados Unidos se encontrarán abocados al dilema de asumir una actitud mucho más enérgica y resuelta que la que yo asumo, y que ha sido abandonada, o retirarse de allí, reconociendo que es una zona de expansión que no nos pertenece y que abandonamos a las potencias europeas” (Ibid., Tomo XVIII; Nascimento, 1951; p. 28).

Además, Blaine había convencido al presidente James Garfield que convocara una conferencia panamericana para 1882, con la idea de aumentar la hegemonía estadounidense en el continente y, entre otras cosas, buscando influir decisivamente en el desenlace de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, el presidente Garfield fue asesinado en septiembre de 1881; y el nuevo presidente, Chester A. Arthur, removió a Blaine de secretario de Estado a mediados de diciembre, y cambió dicha política revocando la idea de llamar a una conferencia panamericana y de influir en el desenlace de la guerra.

Así, el nuevo secretario de Estado, Frederick T. Frelinghuysen, dio vuelta completamente las instrucciones que tenían los diplomáticos delegados en Chile y Perú, con la siguiente nota explicativa: “El deseo del presidente es que no se imponga ni se haga ninguna declaración compulsiva por motivo alguno a Chile ni al Perú, ya sea sobre las divergencias que existen entre ambas repúblicas, sobre la indemnización de la guerra, sobre modificaciones de límites o sobre el personal del gobierno del Perú. El presidente reconoce que el Perú y Chile son gobiernos independientes a los cuales no tiene derecho ni deseo de mandar” (Ibid.; pp. 29-30).

De este vuelco se enteró con total satisfacción el gobierno chileno a mediados de enero de 1882 llegando a suscribir con los delegados estadounidenses el “Protocolo de Viña del Mar”, por el cual Estados Unidos reconoció por primera vez el derecho de Chile a exigir una compensación o indemnización territorial (como la cesión de Tarapacá) para poner fin al conflicto; y que Chile “aceptaría los buenos oficios de los Estados Unidos en la contienda con el Perú, siempre que aquellos acepten para el ejercicio de los buenos oficios las condiciones de paz que Chile estaría dispuesto a otorgar al enemigo” (Ibid.; p. 31).

Finalmente, sin interferencia de Estados Unidos, Chile llegó a acuerdos con Perú y Bolivia para terminar la guerra, aunque, como es sabido, no fueron los definitivos.

Esta es la tercera parte de una serie de columnas titulada: Estados Unidos nunca ha sido aliado de Chile.