Por su parte, desde la posición manifestaron que el tema de las pensiones de gracia debe ser resuelto a la brevedad.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que 25 pensiones de gracia van a quedar sin efecto y señaló que se revisarán otros casos “durante los próximos días”.
Y en el marco de la investigación que abrió el Ministerio Público para analizar posibles delitos en el proceso de entrega de este beneficio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que -en este caso- podrían configurarse delitos como fraude de subvenciones o una prevaricación administrativa.
“Hay un número de 25 pensiones que se van a dejar sin efecto”, expuso en específico la secretaria de Estado.
En el programa Mesa Central, la ministra también aclaró que no se dejarán sin efecto aquellas pensiones otorgadas a “personas con pérdida ocular” porque -desde el Gobierno- “han tomado la decisión que hay daños que tienen tal cuantía que no es relevante que haya antecedentes penales”.
En tanto, en el marco de las palabras de la ministra Tohá por las pensiones de gracia, las críticas hacia el rol que ha tomado el Gobierno en esta materia continúan.
Desde la oposición, el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, acusó al Ejecutivo de no buscar soluciones.
En cuanto al oficio que envió el Instituto Nacional de Derechos Humanos al Presidente de la República, Gabriel Boric, advirtiendo que el organismo no contaba con las capacidades para acreditar las afectaciones de los postulantes, desde el Gobierno aseguraron que las inquietudes presentadas en dicho documento fueron resueltas en instancias presenciales de trabajo junto a representantes del INDH.
Y a raíz de los últimos antecedentes que dio a conocer la Contraloría, diputados de la bancada de la UDI anunciaron que enviarán un oficio a la directiva de la Cámara Baja para pedir que se vote en una sesión especial el proyecto que busca regular el proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia.
El diputado de la UDI, Henry Leal, quien presidió la comisión investigadora de las pensiones de gracia, señaló que el tema “debe ser resuelto a la brevedad”.
Al respecto, el diputado comunista, Boris Barrera, criticó esta decisión de la UDI y acusó a los parlamentarios de buscar un punto político.
En cuanto a la arista judicial en torno a las pensiones de gracia, luego de que la Fiscalía Nacional abriera una investigación para analizar posibles delitos en el proceso de otorgamiento del beneficio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al respecto.
En el programa ya mencionado, Valencia explicó que -en este caso- podrían configurarse delitos como fraude de subvenciones o una prevaricación administrativa.
