El organismo fiscalizador exigió al Ministerio liderado por Carlos Montes que se aclare por qué la funcionaria recibe desde 2022 un incentivo al retiro, pero sigue prestando servicios sin responsabilidad administrativa en el Congreso Nacional.
La Contraloría General de la República ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) explicar las relaciones existentes entre la asesora Janet Tapia Fuentes y la cartera de gobierno, esto gracias a la solicitud presentaba por el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez.
De acuerdo con la respuesta del ente fiscalizador, el Minvu cuenta con 10 días hábiles para informar por qué esta funcionaria sigue vinculada como asesora legislativa.
Si bien, esta empleada había renunciado al Ministerio en 2008, según consta en publicaciones de medios nacionales, Janet Tapia Fuentes seguía contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile (PNUD) desde marzo del 2022, sumándole que habría recibido el beneficio del bono por incentivo al retiro de los 5 años anteriores.
De acuerdo al diputado Sánchez, esta situación es totalmente anómala, ya que las personas que figuran como jubiladas y reciban estos beneficios, no pueden ser nombrados, ni contratados bajo ninguna modalidad, en ninguna institución que conforme la administración del Estado durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral.
“A todas luces, ella sigue prestando sus servicios”
En este sentido, Sánchez valoró la decisión de Contraloría, exigiéndole al ministro Montes explicar “por qué tiene como asesora suya a una persona que recibió decenas de millones de pesos por incentivo al retiro en el Minvu, y ahora figura como asesora suya pero contratada por la ONU”.
Según sostuvo el legislador, el actuar de esta exfuncionaria, “no es otra cosa que un ardid para seguir prestando servicios al Ministerio de Vivienda y gozar al mismo tiempo de una bonificación que nunca debió recibir, ya que, a todas luces, ella sigue prestando sus servicios en representación del ministerio en el Congreso Nacional”.
“Parece una tomadura de pelo que disfraza la obtención abusiva de un beneficio económico con platas de todos los chilenos, cuando esta persona pretendía seguir trabajando. Solo se retiró aparentemente del Ministerio, y ahora trabaja ahí sin asumir ninguna responsabilidad administrativa por sus decisiones”, argumentó el parlamentario republicano.
El plazo que tiene el Minvu de 10 días corresponde al pronunciamiento que tiene que realizar respecto de la legalidad de la contratación de esta funcionaria y del recibimiento del beneficio estatal por parte de la cuestionada trabajadora.
Finalmente, cabe recordar que, además, el diputado Luis Fernando Sánchez solicitó a Contraloría que se establezca las responsabilidades administrativas del caso y se apliquen las demás sanciones que en derecho correspondan.
