La AC, que será impulsada principalmente por el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano, se desarrollará bajo cinco capítulos.

Minutos antes de que se presentara formalmente, se conocieron los primeros detalles que tendrá la Acusación Constitucional (AC) que prepara un sector de la oposición al Gobierno contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

El texto se genera luego de los antecedentes conocidos respecto del Caso Convenios, en donde se supo de traspasos vía trato directo entre el Minvu y fundaciones particulares. En particular, dichas organizaciones fueron elegidas a pesar de no contar con la experiencia para las tareas asignadas, o eran dirigidas por cercanos a autoridades de Gobierno.

La AC, impulsada principalmente por el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano, se desarrollará bajo cinco capítulos:

El primero apunta a la responsabilidad constitucional del ministro, al haber “dejado de ejecutar los artículos 3°, inciso segundo y 11 de la ley 18.575”. Es decir, por no “ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia”. El mismo capítulo agrega que se le acusa por “no cumplir con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las seremis en el contexto de la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023”.

El segundo punto dice que hubo responsabilidad de Carlos Montes “al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023 en curso”.

En tanto, el capítulo tercero acusa al ministro de infringir el artículo 62 n°8 del decreto con fuerza de ley que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 18.575.

El capítulo cuarto acusa al ministro Carlos Montes por haber infringido el artículo 8 inciso primero de la Constitución.

Mientras que el quinto punto dice que existe responsabilidad constitucional del ministro por la infracción de la norma que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento.

Revisa en completo la Acusación Constitucional presentado contra Carlos Montes: