La denominada Ley Uber, tiene como finalidad regularizar las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros en Chile.
Los diputados de la bancada de la UDI, Cristóbal Martínez y Natalia Romero, llamaron a postergar la denominada Ley Uber, que busca regularizar las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros que operan en el país.
En específico, en enero próximo sale el reglamento de la normativa, la cual tiene un plazo de 30 días para ponerse en marcha tras la toma de razón de la Contraloría General de la República.
Al respecto, si bien los parlamentarios aseguraron que era “absolutamente necesario” que dicho servicio se rigiera dentro de un marco legal en Chile, alertaron sobre los graves efectos que podrían tener las distintas restricciones que el Gobierno incluiría en el reglamento, ya que generaría una disminución del 88% de los viajes que se realizan actualmente.
En esta línea, el senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, hizo un llamado al Ministerio de Transporte a transparentar los efectos de esta medida.
“Creo que lo más prudente es tener una conversación franca con el Ministerio de Transportes y transparentar los reales efectos que tendrá la eventual entrada en vigencia del reglamento en cuestión”, afirmó Rysselberghe.
Sin embargo, Jaime Mulet, el diputado del partido Federación Regionalista Verde Social, pidió implementar esta medida lo antes posible para no desplazar a los emprendedores.
“Esta poca regulación que tiene la Ley Uber debe implementarse lo antes posible, de tal forma que en ningún caso estoy por postergar la entrada en vigencia de la ley ni su reglamento. Lo que se quiere aquí es dejar entrar grandes corporaciones para desplazar a emprendedores, ya sea autos particulares Uber o taxistas, y yo defiendo a los pequeños emprendedores”, aseveró Mulet.
Los parlamentarios que impulsan esta petición hicieron referencia a un estudio de la Universidad Diego Portales (UDP) que advirtió que uno de cada dos conductores en el país no podrá seguir trabajando en las aplicaciones y cerca de 60 mil conductores disminuirían sus ingresos.
