En enero de este año, el Congreso despachó la ley 21.553 que regula a las aplicaciones de transporte como Uber, Didi o Cabify. Una normativa sujeta a la redacción de un reglamento, cuyo borrador despertó las alertas entre las empresas, ya que implicaría, a la larga, un aumento de los precios e incluso un punto más de cesantía.
Casi el 90% de los viajes que hoy se realizan por aplicaciones de transporte en Chile, a futuro no se podrán realizar. Ese es el análisis de la industria frente a la regulación, que está a la vuelta de la esquina.
La “Ley EAT” (Empresas de Aplicación de Transporte), comúnmente llamada “Ley Uber”, en referencia al pionero en el rubro, fue publicada en el Diario Oficial el 19 de abril pasado, pero para entrar en vigencia requiere la redacción de un reglamento que defina los puntos específicos de la norma.
Dentro de esos aspectos, contenidos en un borrador ya confeccionado, destacan los tipos de vehículos que serán exigibles. Se requerirían autos de combustión interna con cilindrada mayor a 1,4 litros o al menos 70kW de potencia en caso de los eléctricos, con aire acondicionado y alzavidrios.
“El borrador no está entendiendo bien cómo funciona esta industria. Por eso es que nosotros pedimos (…) explicar cómo funciona esta industria, que es moderna, lleva 10 años basada en tecnología y que proporciona soluciones en base a eso”, comenta Verónica Jadue, gerenta de Comunicaciones de Uber.
Jadue considera que “esta industria se adecua al parque automotriz nacional, a las características de los socios conductores, que son la mayoría de ellos part-timers, que valoran la independencia, la flexibilidad. Con eso se puede construir un reglamento definitivo que se adapte a estas circunstancias y que permita seguir generando estas fuentes de empleo en todo Chile y que no afecte la movilidad de las ciudades”.
Un punto de cesantía, con mayor impacto en mujeres
A eso, se suma que conductores y conductoras deberán contar con licencia profesional. Pese a que quienes posean licencia Clase B tendrán 12 meses para ponerse “al día”, si se suman los requisitos a los vehículos, se calcula que unas 100 mil personas quedarían sin su fuente laboral.
Eso se traduciría en 1 punto más de cesantía a nivel nacional.
Un análisis de la Universidad Católica establece que en los últimos 3 años, más de 317.000 personas han generado ingresos mediante las aplicaciones de transporte y tan solo en el mes de noviembre 2,5 millones de personas han usado aplicaciones de transporte en Chile.
“Aquí vemos que, no solamente habría una desconexión de 100.000 familias que no podrían generar ingresos o complementar un sueldo mensual, sino que también veríamos afectado un servicio que sirve a muchos chilenos y chilenas también en regiones, porque lamentablemente no hay transporte público en zonas más periféricas”, declara Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza IN, que agrupa a las empresas del sector.
La exsenadora pone foco en el impacto en las mujeres.
“Nosotros tenemos una participación del 10% de conductores que son mujeres, el doble de lo que hay en el transporte público. El 91% de las mujeres que participan como conductora en nuestras aplicaciones quedaría fuera por los requisitos, porque no está la perspectiva de género insertada en esta conversación”, detalla Sabat.
En dudas la electromovilidad
Actualmente, Uber dispone de vehículos eléctricos, por medio de una fórmula de arriendos en que se gestiona una flota. Sin embargo, el borrador considera la inscripción de máximo dos autos por propietario o conductor, por lo que los automóviles cero emisiones, bajo ese modelo de explotación de servicio, quedarían fuera.
“Las empresas parte del gremio tienen objetivos y desafíos claros en materia de electromovilidad y estaban asociados a los desafíos del gobierno, pero lamentablemente este reglamento coarta esa posibilidad y estaría desechando cualquier opción de nueva entrada de flota de vehículos eléctricos. Y eso también es algo que nos preocupa”, dice Sabat
Por otra parte, la menor cantidad de conductores y de autos disponibles redundaría en que los usuarios terminarían pagando el doble del precio por viajes en las aplicaciones.
“Como está hoy, creemos que los viajes pueden llegar a más del doble del precio que está hoy, y tiempos de espera del doble o más para poder iniciar un viaje”, explica Verónica Jadue.
Reglamento “no es definitivo”
La ley se tramitó en 10 años, pero para definir los detalles del reglamento definitivo, el Ministerio de Transportes trabaja contra el tiempo.
“Se nos dio 9 meses para escribir un reglamento. En el reglamento uno tiene que abordar ciertos elementos que la ley dispone, y otros que quedan ya dispuestos por la ley, que no se pueden ajustar. Para escribir ese reglamento lo que hicimos fue un proceso altamente participativo, en el que participaron miles de personas, miles. Y cada uno de ellos trajo muchas preguntas, consultas e inquietudes”, sostiene el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
El titular de la cartera se reunió con representantes de las aplicaciones de transportes, cita en que el gremio planteó sus reparos.
“Nosotros entregamos una primera versión del reglamento. Y esa primera versión del reglamento no es la definitiva, sino que nuevamente la pusimos a consulta, de nuevo, más participación. De modo que todos estos actores tengan una nueva oportunidad de poder acercarse al Ministerio y opinar respecto de lo que estaban leyendo en el reglamento, de aquello que les parecía adecuado o no les parecía adecuado”, afirma Muñoz.
La redacción definitiva del reglamento debe quedar zanjada a más tardar el 19 de enero de 2024 y entraría en vigencia a los 30 días, después de ser aprobado por Contraloría.
