"La Defensoría Penal Pública es una institución de excelencia que presta un servicio de alta calidad", indicó Pizarro, tras las duras críticas de Matthei, que los calificó como "uno de los peores problemas del sistema judicial chileno".
La Defensoría Penal Pública se defendió de las duras críticas que realizó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a propósito del secuestro del empresario de Rancagua.
Se trata de Rudy Basualdo Castillo, el empresario de 50 años que fue secuestrado el pasado miércoles durante un violento asalto a su compañía metalúrgica.
Por el hecho hay tres detenidos, dos venezolanos y un colombiano con su situación migratoria irregular, quienes serán formalizados las próximas horas luego que ayer se solicitara ampliar su detención.
De hecho, los detenidos fueron recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad en la región Metropolitana, luego que argumentaran problemas de seguridad.
Al respecto, la alcaldesa Matthei fustigó duramente a la Defensoría Penal Pública, a quien calificó como “uno de los peores problemas del sistema judicial chileno”, según publica La Tercera.
En ese sentido, apuntó que el organismo “tiene por objeto que las personas acusadas tengan un buen juicio, pero acá la Defensoría ha entendido mal su papel y se ha convertido en una forma en que tratan de sacar, por cualquier forma, por cualquier tinterillada a los peores presos y dejarlos libres”.
“Hoy día el sistema de Defensoría Penal Pública, que todos los chilenos ayudamos con nuestros impuestos a financiar, a lo único a que se dedican, es que la puerta giratoria gire mucho más rápido y que la mayoría de la gente salga afuera”, acusó la jefa comunal.
Tras las críticas, el defensor nacional subrogante, Osvaldo Pizarro, aseguró que “es absolutamente necesario tener opiniones serias, responsables y fundadas –esencialmente– en datos objetivos y comprobables”.
En ese sentido, apuntó a “no pensar que, a través de opiniones populares o frente a situaciones particulares o casos particulares, se pueda pretender hacer modificaciones que pueden dañar sustancialmente la garantía constitucional del debido proceso de todos los ciudadanos de este país y que van en directa relación con el reconocimiento de la legitimidad de un Estado de derecho”.
“La Defensoría Penal Pública es una institución de excelencia –y así ha sido reconocida en reiteradas oportunidades– que presta un servicio de alta calidad relacionado a toda persona que es imputada en el sistema de justicia criminal”, refutó Pizarro.
“Resulta inadmisible tildar de vergonzoso el trabajo que funcionarios y colabores de esta institución, realizan con altos estándares y siempre en cumplimiento de un mandato legal y constitucional, velando siempre por las reglas del debido proceso y la presunción de inocencia que toda persona tiene en este país”, insistió.
Cabe destacar que la mañana de este viernes el empresario fue liberado con vida por sus captores, quienes habrían solicitado $80 millones para el rescate de la víctima. No obstante, se desconoce si efectivamente el monto fue entregado.
