Durante esta jornada de viernes, el Gobierno confirmó que recurrió a la Corte Suprema -tal como lo permite la Constitución- para evaluar al juez que entregó antecedentes de testigos protegidos en la causa contra Los Gallegos, uno de los brazos operativos del Tren de Aragua.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, confirmó que el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema para evaluar la conducta del juez que liberó la lista de testigos en la causa contra el Tren de Aragua.
Recordemos que recientemente la Justicia ordenó -a la Defensoría Penal Pública– la devolución inmediata de dichos antecedentes.
De acuerdo a la información que tiene el Gobierno, dijo Cordero, “esos antecedentes no fueron revelados a terceros a la espera de la resolución del recurso de protección”.
La facultad presidencial para recurrir a la Corte Suprema
En concreto, es el art. 32 de la Constitución -en el numeral 13- que permite al Presidente de la República revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial.
Se trata de “requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación”.
Por esto, y por instrucciones del Presidente, esta jornada el Ministerio de Justicia remitió a los antecedentes sobre la decisión del juez a la Corte Suprema Suprema, confirmó el secretario de Estado.
“La forma y modo en que se adoptaron las decisiones es posible que se hubiesen dado incumplimiento a deberes funcionarios”, dijo Cordero.
Agregando que las medidas de la Suprema son amplias y van “desde la instrucción de un procedimiento disciplinario hasta indagaciones administrativas que les corresponde definir a ellos”.
Consultado por si algún presidente antes se ha acogido a este artículo de la Carta Fundamental, Cordero respondió que esta “es una situación muy excepcional”.
“A la Corte suprema es a quien le corresponde tomar decisiones…”
Respecto a la percepción del Ejecutivo, el ministro Cordero dijo que aquí hay dos aspectos: uno es el jurídico que se está discutiendo en tribunales y otro es la diligencia con los deberes funcionarios que tiene un juez.
“Sin embargo, al Ejecutivo no le corresponde calificar el fondo de esa decisión (…) deja los antecedentes a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema, a quien le corresponde tomar las decisiones en la forma y en el fondo respecto a este asunto”, agregó.
Finalmente, el titular de Justicia afirmó que “es una situación que en nuestra opinión es compleja, es sensible, pero es especialmente porque es un hecho público y notorio (…) en el caso del crimen organizado y en este caso en particular”.
“No solo aquí está en juego y relevante el derecho a la defensa extremadamente relevante, pero esta es una investigación donde hay testigos protegidos y también agentes encubiertos que son vitales para la investigación”, concluyó.
