—Yo ya me cansé (…) No voy a volver atrás con la discusión. Me lo evacúan o yo resuelvo con lo que me dijeron las defensas.
Así, sin más, el juez Héctor Barraza, del Juzgado de Garantía de Arica, dejó sin la posibilidad de alegar al fiscal que lidera la causa penal contra la banda “Los Gallegos”, célula del Tren de Aragua descubierta operando en el norte del país, cuyos miembros están formalizados por delitos que van desde la extorsión al homicidio.
Los hechos se registraron este miércoles en el tribunal nortino, en una audiencia de cautela de garantías en la que se discutió si se debían o no dar a conocer a las partes los nombres de los 57 testigos protegidos y funcionarios policiales que han colaborado en la investigación en contra del clan de origen venezolano que echó raíz en las tomas del Cerro Chuño.
De acuerdo al registro de la instancia -al que accedió BBCL Investiga- el magistrado se molestó luego de que el persecutor titular de la causa intentara comparecer vía telemática.
Se trata de un fiscal que fue sacado de Arica justamente por medidas de seguridad, atendida la peligrosidad de la banda que le toca indagar.
El Comité de Jueces
En la audiencia, tras no poder comparecer el titular de la causa, y luego de un receso, un segundo representante del Ministerio Público enviado al tribunal intentó hacer notar al juez que su par contaba con un permiso especial, tramitado ante la magistrada presidenta del Juzgado de Garantía de Arica.
—Eso ya lo debatimos, señor fiscal— retrucó el juez Barraza cuando se le recalcó la necesidad de que el persecutor titular interviniera en la discusión.
—Pero está autorizado por el Comité de Jueces— insistió el segundo persecutor.
—El Comité de Jueces no ve causa a causa, no es un órgano jurisdiccional —sentenció el juez.
La discusión entre ambos incluso derivó en si el fiscal de la causa podía seguir conectado o no a la audiencia por videollamada.
— No sé por qué está (online), porque el Zoom no es para público.
—Bueno, ha estado escuchando la audiencia en su calidad de fiscal titular, no de público — le señaló el representante del Ministerio Público.
“Él dio órdenes intrusivas”
Más allá del intercambio de opiniones, BBCL Investiga confirmó que el fiscal titular de la causa efectivamente cuenta con la autorización del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Arica para comparecer de manera telemática como medida precautoria.
El permiso consta en un oficio enviado por la jueza presidenta del tribunal, Carmen Calas, al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.
“En sesión del pasado 1 de septiembre se tomó conocimiento de su oficio (…) Realizado el debate de rigor, el Comité de Jueces de este juzgado de garantía acordó autorizar la comparecencia remota del fiscal en forma permanente, dado los argumentos señalados en su oficio”, señala el escrito.
Sea como sea, y pese a que la fiscalía llegó con documento en mano, el magistrado sencillamente resolvió excluir de las alegaciones al organismo persecutor y decidió liberar a las defensas de los imputados el listado de testigos protegidos que declararían en contra de Los Gallegos. Por si fuera poco, también dejó fuera de la instancia a los representantes del Ministerio del Interior, lo que generó molestia en el Ejecutivo.
Según confidencian fuentes de BBCL Investiga, la resolución causó extrañeza en los intervinientes, quienes hasta este entrevero habían mantenido una buena relación con el tribunal.
En efecto, conocedores de la tramitación judicial sostienen que el magistrado no es un extraño en la causa. “Incluso él dio órdenes intrusivas relacionadas a este caso”, apunta uno de los consultados.
Los sobres
Pese a lo resuelto en primera instancia, la Corte de Apelaciones de Arica, en fallo unánime, revocó la liberación de las identidades que también incluye a agentes encubiertos de la PDI que participaron de la indagatoria que hizo caer a Los Gallegos. A través del mismo, otorgaron un plazo fatal de cinco días a Barraza Aguilera para que entregue las explicaciones de su decisión.
Fue a través de un recurso de protección que la fiscalía solicitó una orden de no innovar que fue acogida por el tribunal de alzada. En la acción constitucional, el Ministerio Público enfatizó en que el resguardo de los nombres se da porque “existe peligro evidente para la vida” de los involucrados.
No obstante el fallo de la Corte, dos abogados alcanzaron a retirar los sobres con las identidades antes de la decisión tomada por los ministros Pablo Zavala Fernández, José Delgado Ahumada y Reynaldo Oliva Lagos.
La información fue confirmada por el fiscal regional Mario Carrera, quien indicó que se trata de funcionarios de la Defensoría Penal Pública “la que debería hacer la devolución en las próximas horas de manera voluntaria”.
Consultado el Poder Judicial, indicaron que no se ha abierto una investigación interna contra el magistrado.
"Yo ya me cansé": la accidentada audiencia del juez que entregó lista de testigos contra Los Gallegos
