Incapacidad para fiscalizar a privados, prohibición para cuestionar el mérito y la ejecución presupuestaria de los servicios públicos son parte de las dificultades que tiene la Contraloría para indagar los convenios entre el Estado y distintas organizaciones. "Uno no puede saber dónde fueron a parar estos recursos públicos", señaló el contralor Jorge Bermúdez.
Jorge Bermúdez expuso este martes en la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado sobre las dificultades que tiene la Contraloría para indagar los convenios con diferentes organizaciones.
A raíz del escándalo de Democracia Viva en Antofagasta, la CGR decidió congelar la toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y ONG’s con instituciones estatales.
Asimismo, anunció que auditará todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones desde el 2021 a la fecha.
En su presentación, el contralor Bermúdez explicó que hay una serie de dificultades para seguirle la huella a este tipo de convenios.
“En primer lugar, la Contraloría no fiscaliza a privados. Ha sido una lucha en mi gestión extender esto a entidades privadas que realizan una función pública y reciben recursos públicos”, señaló.
Asimismo, la CGR no puede cuestionar el mérito de estas transferencias. “La Contraloría no le puede cuestionar al Minvu o a cualquier ministerio por qué una asesoría en materia de capacitación a feriantes es valiosa. Tampoco puede cuestionar si eso entregó los resultados esperados”, dijo.
Además, el contralor indicó que los convenios son amplios en redacción, no tienen puntos de control que permitan monitorear avances y no existen definiciones claras para contrastar los gastos rendidos.
Contraloría: “No tenemos normas de conflicto de intereses”
Otra dificultad mencionada por Jorge Bermúdez es que las transferencias son una forma de ejecución presupuestaria.
“Cuando los servicios públicos se ven ahogados por el transcurso del año, sin haber ejecutado el presupuesto, la mejor manera de ejecutarlo y aparecer con un buen número es entregarlo en transferencias para hacer cualquier cosa”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que falta una densidad normativa en materia de transferencias. “Uno no puede saber dónde fueron a parar estos recursos públicos”, explicó el timonel de la CGR.
Por otra parte, precisó que “tampoco tenemos normas de conflicto de intereses, inhabilidades, incompatibilidad o probidad de los receptores de recursos públicos”.
“En el caso de Democracia Viva, nosotros podríamos haber hecho el cruce de datos para saber si hay conflicto de intereses, pero es un cruce formal. Voy a ver si son familiares, parientes o están unidos por vínculo matrimonial”, detalló.
Sin embargo, no se podría haber llegado a “vínculos afectivos que no se formalizan en un matrimonio o una unión civil”. Esto, a raíz de la relación de pareja que sostenían la diputada Catalina Pérez y Daniel Andrade, representante legal de la fundación.
