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La revelación del preinforme de la Contraloría General de la República y los destapes periodísticos sobre el ingreso y posterior descontrol del paradero de cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos en Chile entre 2022 y 2025 han puesto al descubierto una de las crisis humanas y administrativas más severas de los últimos años.
Nuevamente es un golpe muy oportuno de la Contralora, la mejor jugadora de ajedrez del escenario político, pues logró instalar un tema espinoso cuando arreciaban las dudas sobre el excesivo blindaje que se aplicó en la columna de El Mercurio para defenderse de una acusación inexistente.
Lo que comenzó como un programa de reunificación familiar derivó en un agujero negro de control migratorio. Se constató la llegada de miles de menores en vuelos chárter cuyos financiamientos siguen bajo la sombra, acompañados por adultos con los que no compartían lazos consanguíneos ni apellidos.
La respuesta en el territorio ha comenzado a cuentagotas mediante operativos municipales y de la PDI. Los hallazgos recientes de siete niños hacinados bajo la tutela de un tercero en Estación Central y de otros menores en Graneros confirman una realidad dolorosa: aunque muchos están escolarizados, el Estado los dejó a su suerte, perdiendo su rastro por años al obviar la validación de los vínculos familiares. Las sospechas de una trama profunda de tráfico de menores son peligrosas, pues han activado a los viejos adictos a las conspiraciones que ven en esto una oportunidad de golpear al Frente Amplio y en particular al expresidente Boric.
Desde la perspectiva de la comunicación de crisis, la gestión de este episodio representa un manual de todo lo que no se debe hacer, con un impacto que daña directamente el patrimonio político del Frente Amplio y del expresidente Gabriel Boric ante una eventual y futura nueva candidatura.
La mejor manifestación de la ineptitud son las declaraciones del exdirector de Migraciones, que aumentó las dudas al minimizar la crisis, y las declaraciones de la exministra del Interior llamando desesperadamente a no “politizar el caso”. Ambas muestran que no hay diseño defensivo que proteja a Boric.
El solo hecho de que no ha negado la posibilidad de volver a estar en la papeleta en las presidenciales del 2029 convierte su cabeza en un colimador político para el oficialismo actual. Leyendo correctamente el asunto, el gobierno llamó a los poderes del Estado y encargó a la ministra de Desarrollo Social una fuerza de tarea para resolver el asunto. El contraste va a ser evidente y muy dañino para las autoridades del exgobierno.
Esto es un misil mucho más explosivo que la acusación constitucional a Grau. Esta, en particular, trae a colación la maldición china, pues los artífices de la acusación recuerdan a quienes descubrieron la pólvora pero nunca aprendieron a ocuparla como arma; sino solamente como fuegos de artificios. Pero el tráfico de niños es un asunto de gravedad mayor y debe ser tratado como una doble amenaza de alfiles al expresidente.
Intentar escudarse en que la información fue entregada fluidamente en el traspaso de mando o justificar la flexibilización de requisitos de legalización mediante acuerdos legislativos mal interpretados solo consolida la percepción de una burocracia indolente. En comunicación de riesgo, cuando el emisor se defiende con tecnicismos frente a una crisis humanitaria de esta magnitud, pierde de inmediato la batalla por la empatía y la credibilidad.
La fragmentación de mensajes en el entorno de Boric debilita cualquier estrategia de control de daños: si una parte del sector minimiza el problema y la otra culpa exclusivamente a las aerolíneas o agencias privadas, el ciudadano común concluye que existió desidia o complicidad administrativa.
Que bajo su administración se haya “perdido” el rastro de cientos de menores vulnerables no solo entrega una bandera de ataque inmejorable a la derecha —con diputados republicanos exigiendo ya su pronunciamiento explícito porque los hechos “ocurrieron en su gobierno”— sino que fractura la confianza de su propia base electoral.
El tono que ha tomado el gobierno empieza a parecerse al que tuvo en su momento el gobierno de Piñera con la crisis del maremoto de 2010 y los intentos de culpar a la expresidenta Bachelet. Esa operación no funcionó, no porque estuviera mal diseñada, sino porque al frente se desarrolló una estrategia de contención efectiva y varios se quedaron sin vacaciones para asegurar que no llegara a ser jaque mate.
En política, los errores de gestión económica se pueden revertir con ciclos financieros, pero las crisis asociadas a la desprotección de niños e irregularidades migratorias dejan cicatrices éticas permanentes. Si Boric y su círculo pretenden viabilizar un nuevo proyecto presidencial, la estrategia comunicacional requerirá una estrategia de daños que incluye decidir qué piezas y qué vacaciones se deben sacrificar. De lo contrario, el fantasma de los vuelos desde Haití y la infancia extraviada sabotearán cualquier intento de construir un relato de futuro.
