La jueza Alejandra García Bocaz se inhabilitó voluntariamente en la causa del megafraude de licencias médicas. ¿La razón? Se le abrió un cuaderno de remoción por supuestamente haber salido del país estando con licencia médica. Con estos antecedentes, las defensas de los imputados solicitaron anular el juicio y volver a foja cero un proceso que lleva más de un año en curso y que ha significado la movilización de cientos de personas, lo que es visto como un “evidente acto dilatorio”, según apuntan fuentes cercanas a la causa.
Según antecedentes recabados por Bío Bío Investiga, la magistrada se restó del juicio “de manera preventiva” y a fin de evitar suspicacias. La propia García expuso sus argumentos a través de un documento de cinco carillas a la que accedió este medio. En él, la jueza del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal (TOP) reconoció la existencia de un cuaderno de remoción en su contra, aunque aseguró que este hecho no afecta ni compromete “su independencia de criterio” al momento de tomar decisiones.
Según explicó García, el cuaderno de remoción —que pesa también sobre otros 55 magistrados del país— se abrió en su contra pese a que el sumario que antecedió esa decisión no detectó reproche alguno y terminó en su sobreseimiento.
“En el referido procedimiento disciplinario no ha sido objeto de cuestionamiento, observación o reproche alguno el origen lícito de la licencia médica otorgada a esta magistrada, ni la forma o medios mediante los cuales ésta fue obtenida”, arguyó.
Prevención
Pese a esto, la jueza decidió inhabilitarse de la causa, pese a que las causales legales no lo obligaban a hacerlo.
Según sus descargos, lo hizo solo porque “podría generar cuestionamientos externos acerca de la sentencia que recaiga en estos antecedentes, desviando la atención desde los fundamentos jurídicos y probatorios de la decisión hacia circunstancias personales de quien interviene en su dictación”.
“La suscrita declara expresamente que las circunstancias antes descritas no han afectado ni comprometido su independencia de criterio, objetividad ni imparcialidad en el conocimiento y resolución de la presente causa, manteniendo íntegramente las condiciones subjetivas exigidas para el ejercicio de la función jurisdiccional”, expuso.
En esa línea, hizo hincapié en que la apertura del cuaderno de remoción en su contra está fundado “en hechos completamente ajenos a los debatidos en este juicio”, lo que también fue ratificado por fuentes cercanas a la indagatoria.
La incomodidad
Los mismos consultados sostienen que esto no es más que un “acto dilatorio” de las defensas, para retrotraer un juicio que estaba prácticamente concluido. Sin ir más lejos, los alegatos de clausura ya habían finalizado y sólo restaban algunas réplicas y fijar la fecha del veredicto.
“Esto es oportunismo de las defensas”, reclamó en la audiencia celebrada esta mañana el representante del Consejo de Defensa del Estado, querellante en esta causa que significó un perjuicio de más de 31 mil millones de pesos para Fonasa. Es decir, el fisco.
Según conoció esta Unidad de Investigación, el juicio significó la movilización de más de un centenar de peritos, testigos e imputados. De ahí que la jugada causara escozor entre los acusadores.
Se espera que el tribunal resuelva en las próximas horas si continúa o no el juicio con los otros dos magistrados que no están inhabilitados. La decisión se conocerá este viernes a las 09:30 horas.
“No es inhabitual que en los juicios orales largos quede inhabilitado algún juez y continúan dos. Lo que se resuelva en el veredicto debe ser unánime porque sino se anula el juicio”, explica una fuente cercana al proceso.
Samir y compañía
En total, la Fiscalía Metropolitana Oriente acusó a 17 personas —10 médicos extranjeros— por los delitos emisión de licencias falsas, asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos.
Durante el desarrollo del juicio, el organismo persecutor acreditó que los médicos extranjeros crearon diversos centros médicos con la finalidad precisa de emitir licencias fraudulentas. El fraude se tradujo en más de 80 mil licencias médicas fraudulentas, según estimaciones de la propia fiscalía.
El líder, Samir Rivaldo, médico colombiano, junto a su pareja, la también facultativa, Yesica Donado, levantaron en Chile una red junto a otros colegas, en su mayoría connacionales, para emitir licencias fraudulentas y cobrar por ellas.
Rivaldo, de acuerdo a los datos que presentó la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en la formalización del 8 de diciembre de 2022, emitió 7.789 licencias médicas a beneficiarios de Fonasa, entre el 1 de septiembre del 2021 y el 10 de marzo del 2022. Si se considera una jornada laboral estándar, de ocho horas, el facultativo habría emitido 24 licencias por hora. Es decir, una cada 2,5 minutos.