En medio de la polémica de Democracia Viva, la Contraloría General de la República decidió congelar la toma de razón de los contratos entre fundaciones y cualquier institución del Estado. Asimismo, se realizará una auditoría para verificar cuál es la situación de todos los convenios.
Durante esta jornada, la Contraloría General de la República decidió instruir a todas las Contralorías regionales para congelar cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y ONG’s con instituciones estatales.
La decisión fue informada, a través de correo electrónico, por el jefe de la Dirección Jurídica de la CGR, Camilo Mirosevic.
Esto se da en medio de la polémica de la Fundación Democracia Viva. Recordemos que, durante la semana pasada, la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió de oficio una investigación.
Lo anterior, para investigar sobre los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con fundación representada legalmente por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Contraloría General de la República realizará auditoría de contratos
Según información de Radio Bío Bío, dentro de lo que se determinó por la Contraloría es realizar una auditoría de esos contratos y verificar, además, cuál es la situación de todas las firmas que se ejecutaron entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo u otros Ministerios.
Lo anterior, específicamente, en convenios que superen las 5 mil UF que -por ley- es lo que se establece como índice para la toma de razón.
En ese contexto, hay 600 auditorías que se han hecho en cuatro años por parte de la Contraloría General de la República al Minvu, en las que -principalmente- no han estado como eje central las fundaciones.
Contralor Jorge Bermúdez explica decisión de la CGR
En un punto de prensa, el Contralor General de la República hizo referencia al cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos.
En ese sentido, destacó la decisión vinculada a la suspensión de la tramitación “mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios”.
Respecto a qué involucra la determinación, Bermúdez explicó que contempla “paralizar la tramitación, recabar más antecedentes que puedan existir y luego, si es que corresponde, tomar razón”.
“El Estado todos los años transfiere miles de millones de pesos a corporaciones y fundaciones privadas, por lo tanto esto no es una cosa que tenga que ver con algo puntual de este caso. Es una situación bastante más amplia”, agregó.
Asimismo, agregó que “nosotros no podemos controlar todas las transferencias sencillamente porque no tenemos la capacidad para hacerlo (…) cuando pasa algo por la Contraloría, para la toma de razón, lo que se hace es contrastar un acto administrativo -en este caso un convenio- con el ordenamiento jurídico”.
“Si en ese contraste no hay ningún problema, la Contraloría va a decir que no hay ningún problema y no necesariamente en virtud de ese control se va a descubrir un hecho que puede ser eventualmente de corrupción (…) no hay que genera una expectativa que después no se va a cumplir”.
