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El fin de semana último el electorado suizo rechazó una propuesta destinada a -legalmente- limitar la población total del país a 10 millones de habitantes. En la actualidad, Suiza tiene una población de 9,1 millones que incluye a 2,5 millones de extranjeros (27%).
Si bien la mayor parte de “no-nacidos-en-el-país” (en Suiza la nacionalidad se rige por el principio de ius sanguinis) proviene de países de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia y Portugal), el resultado de la votación indica que un 45% de los electores suizos (que personalmente conozco está, desde el kindergarten, educada en el principio de la tolerancia) se siente -a lo menos- incomoda con tan alto porcentaje de extranjeros.
Por lo mismo, si en términos estadísticos diez puntos son una diferencia holgada hay -de todos modos- que anotar que ésta se explica en que el “no” al techo de 10 millones de habitantes se debe a que esa opción ganó en las cuatro metropolitanas (Berna, Ginebra, Zurich y Basilea), en las cuales se concentra la mayoría de los puestos de trabajo ocupados por extranjeros. En cambio, en los cantones de la Suiza profunda, esto es, los cantones alpinos suizo-alemanes y las zonas rurales, el “sí” al límite de 10 millones rozó el 66%.
Mientras en las áreas urbanas la velada limitación del número de inmigrantes se interpretó como amenaza sobre la economía (tributación y oferta de mano de obra para los sectores hospitalario, bancario, comercio, etc.), en las villas y en el campo suizo la cuestión de la inmigración -especialmente desde países musulmanes- constituye una amenaza no solo sobre la estabilidad del sistema de prestaciones sociales (que son muchas), sino que sobre el modo de vida extra-ordenado y extra-seguro propiamente suizo.
En este ámbito, en la suiza profunda (y sus equivalentes en Europa Occidental) hechos de sangre ocurridos en Francia, Alemania y otros sitios, causados por inmigrantes y asilados de fe islámica, se interpretan como resultado de concesiones inconsultas efectuadas por políticos tradicionales, responsables, a final de cuentas, de lo que algunos anuncian como la “islamización de Europa”.
Altos niveles de criminalidad asociados a barrios de inmigrantes en ciudades como Paris, Bruselas, Londres, Belfast, Oslo, Estocolmo y Berlín, refuerzan dicha percepción. A eso debe agregarse el argumento de que la inmigración (con su mecanismo de reunificación familiar) supone un peso insostenible para el muy caro sistema de prestaciones sociales.
En buena parte esto explica la popularidad de movimientos sociopolíticos antiinmigración (en este campo el referéndum del Brexit británico de 2019 y el referéndum suizo de 2026 son casos diagnósticos) y, también, el giro practicado en esta materia por la clase política europea, que con 2/3 de sus eurodiputados aplaudiendo de pie, esta semana aprobó una normativa comunitaria para el retorno regulado de inmigrantes. ¿Le suena conocido?
¿Cómo andamos por casa?
Según cifras del INE, el censo de 1992 estableció que nuestra población ascendía a 13.348.401 habitantes, de los cuales 102.070 eran residentes extranjeros (0,76% desde Arica a Magallanes y la Antártica). De estos últimos, 36.919 provenían de Sudamérica, mientras que 35.208 provenían de Europa. Para entonces la cuestión de la inmigración ilegal no tenía las connotaciones que hoy le conocemos. Retrospectivamente, los datos de 1992 reflejan una composición sociodemográfica de un Chile que ya no existe.
Pasada una década, el Censo de 2002 señaló que mientras la población total era de 15.116.435 habitantes, “los extranjeros” ya eran 184.464 personas (1,2% de la población). De esa cifra, el 67,9% tenía origen sudamericano, destacando 48 mil peruanos, 37 mil bolivianos, 4 mil venezolanos, 4 mil colombianos.
Siempre según el INE, en 2017, la situación era cualitativamente distinta. Para entonces la población inmigrante “legal” ya ascendía a 745.772 personas, esto es, el 4,2 del total nacional. De esa cifra, 486 mil extranjeros se concentraban en la Región Metropolitana (6,8%), mientras que 62 mil y 43 mil, respectivamente, lo hacían en Antofagasta y Tarapacá (10,2% de la población de cada una de estas “regiones extremas”).
Hacia 2017 guetos y barrios copados por inmigrantes (según nacionalidad) se habían convertido en parte del paisaje, mientras que la cuestión de la inmigración ilegal se había transformado en asunto de debate transversal.
Mientras algunos aseguraban que el derecho a migrar sin barreras debía considerarse uno de los principales derechos humanos, otros ya advertían que en el exterior ese principio tendría un “efecto llamado”. Como fuera, para entonces ya era evidente que debíamos comenzar a adaptarnos a un Chile distinto que, como en el chiste de Bombo Fica, incluía llamar “arepero” a nuestro benemérito “tostador de pan”.
Otra vez, según el INE, en 2024 las cifras confirmaban el comentario anterior. Ese año la población total ascendía a 18.480.432 de habitantes, de los cuales 1.608.650 eran extranjeros (8,8%). Esto, sin considerar (obviamente), a los inmigrantes ilegales, que -con toda seguridad- elevaban la población extranjera a más de 2 millones de personas (11%-12%).
El peak de la inmigración (legal e ilegal) se registró entre 2017-2019 y 2021-2023, esto es, en la época en la que, a través de sus redes sociales, el diputado y luego presidente Boric insistía en que “uno de los problemas en Chile es que hay muchos chilenos, bienvenidos inmigrantes”, y en Cúcuta el expresidente Piñera ofrecía visados a los perseguidos por el régimen chavista. Hechos de la causa.
La “inseguridad”
Estudios elaborados con datos de Gendarmería señalan que ya en 2022, el 11,8% de los recluidos en cárceles chilenas era extranjero. En el caso de las regiones del extremo norte, en Arica y Parinacota dicho índice alcanzaba al 32% de la población penal. En Tarapacá era peor (45,9%), e igualmente alarmante en Antofagasta (28,8%) y Atacama (15,9).
Datos preliminares indican que, en 2026, al menos el 16% de los reos cumpliendo penas en Chile (unas 10 mil personas) son extranjeras, e incluyen centenas de reos de alta peligrosidad (carísimos de mantener con cargo al presupuesto fiscal). De estos, dos tercios son o venezolanos o colombianos.
Sin ánimo de criminalizar al conjunto de la población inmigrante, lo concreto es que gran parte de los reos extranjeros está asociada al narcotráfico y a algunas de sus más peligrosas externalidades (sicariato, secuestros, extorsión y tráfico de personas). Otro hecho de la causa.
Frente a esto, entre “los chilenos antiguos” la percepción es que a la inmigración legal e ilegal por igual (valga la cacofonía) debe atribuirse no solo el aumento de la criminalidad, sino también los altísimos niveles violencia (y crueldad) antes desconocidos en el país.
Dicha percepción es aún mayor en barrios y ciudades copadas por grupos de extranjeros, cuyas actividades criminales terminaron por mover a cierta clase política, antes renuente a adoptar medidas. La razón práctica no es otra que la repercusión directa que la inmigración sinónimo de criminalidad tiene, desde hace algún tiempo, sobre los resultados de las elecciones municipales y parlamentarias.
Separar la paja del trigo
Con todo, no es correcto afirmar que “todos los inmigrantes son criminales”. No es así.
Primero, porque un numero sustantivo de extranjeros sí logró insertarse en Chile para contribuir, con trabajo e impuestos, a nuestro desarrollo. Para actividades tales como la agricultura, el comercio, la restauración e incluso los servicios médicos, el aporte de los inmigrantes tiene hoy carácter esencial.
Segundo, porque dos generaciones consecutivas de chilenos decidieron no tener hijos, llevando a nuestra tasa de natalidad a mínimos históricos semejantes a los índices que caracterizan la estructura demográfica de países desarrollados.
Nuestra tasa de natalidad es apenas 1,5 por mil, esto es, durante su vida cada chilena tiene en promedio 1,5 hijos, es decir, 0,6 hijos menos que los necesarios para alcanzar la tasa de reemplazo (2,1 hijos). Mientras cada vez hay menos nacimientos, y la tasa de mortalidad sigue una curva preestablecida, los chilenos somos cada vez menos. Cada vez hay menos niños…
Para efectos de la recaudación y la inversión fiscal, el financiamiento del sistema de seguridad social y, en el mediano y largo plazo, la viabilidad del sistema de pensiones (el panorama es que en las próximas dos décadas el número de jubilados aumentará consistentemente), un Chile progresivamente más viejo equivale a un Chile cada vez menos financiado. Este es, precisamente, uno de los principales problemas de países desarrollados que, como Suiza, tienen bajísimas tasas de natalidad, y “para funcionar” requieren de cientos de miles de extranjeros.
Este un dato relevante, pues, con un tercio del ingreso per cápita promedio de los países desarrollados, Chile ya comienza a consolidarse como un país de viejos.
Visto así el desafío, el problema no solo radica en impedir el ingreso y/o la expulsión de extranjeros, sino en el establecimiento de un sistema migratorio moderno, que no solo incluya permisos, sino que asegure que ordenadamente cada migrante tendrá en Chile espacio para insertarse y contribuir a nuestro desarrollo.
También, una política de vivienda que permita a las parejas jóvenes contar con lo mínimo necesario para formar familias. Jóvenes sin vivienda y permanentemente endeudados seguirán reduciendo nuestro índice de natalidad.
Paralelamente, la criminalización a rajatabla de la inmigración no solo no es un error, sino que es injusta con miles de extranjeros, como con los médicos colombianos y venezolanos que atienden en Cesfam de barrios de pocos ingresos, en los que, muchos médicos chilenos (más afines al sistema de salud privado) tienen “menos vocación”.
La solución no solo está en la zanja del programa Escudo Fronterizo y en la (justificada y cara) expulsión de algunas decenas de indeseables, sino en el diseño y ejecución de una política nacional de poblamiento planificado que, entre unos de sus capítulos, incluya la cuestión de la llegada y asimilación de migrantes.
El escandaloso caso de los niños haitianos (que ha terminado por llamar la atención del propio Presidente de la República) es, quizás, la más clara demostración de que en este plano el país tiene un problema gravísimo, que, entre otras preocupantes carencias, ilustra debilidades sistémicas del Estado a estas alturas bien conocidas por el crimen transnacional.
