Los diputados Henry Leal, Marlene Pérez y Cristóbal Martínez -todos de la UDI- emplazaron al presidente Gabriel Boric a "hacer valer las responsabilidades políticas" en el "Caso Convenios" que involucra a Revolución Democrática.
Desde la bancada UDI pidieron la renuncia inmediata de los ministros Carlos Montes y Giorgio Jackson, además de la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, y del seremi Minvu en el Maule, Rodrigo Hernández.
En específico, se trata de los diputados Henry Leal, Marlene Pérez y Cristóbal Martínez que argumentan que existió “complicidad” en el “Caso Convenios” que complica a militantes de Revolución Democrática.
Independiente de la arista penal que lleva la Fiscalía, los diputados gremialistas señalaron que “es indispensable que el Presidente Gabriel Boric exija las responsabilidades políticas del caso”.
Lo anterior, advirtiendo que la reciente salida de la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, “es insuficiente”.
“Los chilenos necesitan que el Gobierno se preocupe de mejorar su gestión pública, de administrar bien nuestro país, y no estar semana tras semana perdiendo el tiempo en un nuevo escándalo o polémica”, manifestaron.
Agregando que “desde el primer día que llegó esta administración que son incapaces de tener una semana tranquila”. En ese sentido, recordaron la visita de la exministra Siches a Temucuicui, “los tropiezos de Cancillería”, los indultos y la crisis respiratoria.
“Si el Presidente Boric no es capaz de adoptar medidas radicales, los únicos perjudicados van a ser los chilenos”, aseguraron los parlamentarios de oposición.
Piden renuncia inmediata de todo funcionario público vinculado a fundaciones cuestionadas
Por lo mismo, además de exigir las renuncias ya mencionadas, Leal, Pérez y Martínez también solicitaron la salida de cualquier funcionario público que tenga algún tipo de vínculo o relación con las fundaciones cuestionadas.
“Es muy probable que estemos frente a eventuales delitos, que pueden ser fraude al fisco, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias”, agregaron.
Por lo que, según su percepción, el Gobierno debe “desmarcarse lo más que pueda y desprenderse de todos los trabajadores y autoridades que puedan estar involucradas en esta grave situación”.
A raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía de la región del Maule por la ONG Urbanismo Social, los parlamentarios recordaron que -durante la semana pasada- solicitaron “transparentar las asignaciones de recursos y las transferencias directas que hayan realizado el último año”.
Advirtiendo, además, que “es probable que este mecanismo se esté repitiendo en otras regiones del país”.
“Todo indica que estamos ante un mecanismo para defraudar al Estado, y si el Presidente Boric no toma las medidas correspondientes, su gobierno también se verá perjudicado”, concluyeron los de la UDI.
