El Congreso Nacional no logró despachar a ley ninguno de los 13 proyectos de la agenda de seguridad que este mismo jueves, ya debían terminar su trámite según los propios plazos que se autoimpuso el llamado 'fast-track legislativo'.
La mañana del jueves 29 de junio, era la que el Congreso Nacional se había autoimpuesto para conseguir el despacho a ley de trece proyectos de seguridad y pese a que en algunos estuvo cerca, ninguno logró ser despachado desde Pedro Montt sin número en Valparaíso.
‘Era un objetivo muy ambicioso’ reconoció el Presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, mientras que la cabeza del Senado, Juan Antonio Coloma, matizó valorando avances pero planteando que no ‘van a la velocidad correcta’.
El proyecto que castiga penalmente los daños al transporte público está muy cerca, restando la aprobación de la cámara del informe de Comisión Mixta para ser ley. La iniciativa sobre control preventivo de migrantes tendrá una sesión de mixta el 5 de julio y durante el mes debería terminar su trámite.
Reconocer este incumplimiento también obliga a pasar la página. La semana que viene, los proyecto de ley de Usurpaciones y de Reincidencia tienen votaciones en particular en ambas comisiones de seguridad del Congreso.
Lorena Fries, diputada de Convergencia Social, cuenta que los asesores de gobieron están conversando con la oposición -este viernes tendrán un último encuentro antes del reincio del trámite- pero que la llamada ‘Legítima Defensa Privilegiada’ sigue siendo algo que rechazan de plano.
La oposición reconoce algún grado de preocupación interna por el efecto del proyecto, pero solo se abriría a cambios menores: Fuentes de La Radio aseguran que el artículo uno ya no puede ser cambiado, a menos que el gobierno presente una indicación cuando el proyecto llegue a la Sala y la propuesta vuelva a la comisión.
Al menos públicamente las posiciones están endurecidas. El diputado republicano, Cristian Araya, planteó su posición ideológica para explicar por qué hay tantas diferencias entre el oficialismo y la oposición.
Dentro de los 13 proyectos que debían ser ley, quizás el más atrasado es el proyecto para normar el funcionamiento de las cámaras corporales y los registros audiovisuales de carabineros, pero finalmente iniciará trámite en la Comisión de Constitución de la cámara.
Raúl Leiva, Presidente de la Comisión y uno de los autores del proyecto, explica su contenido.
Otra de las grandes iniciativas aún en debate es el proyecto de reincidencia: Debe evacuarse a ley en los primeros 150 días de pactado el ‘fast track legislativo’ que corresponde al próximo 12 de septiembre.
La iniciativa, que según sus impulsores busca ‘terminar con la puerta giratoria’, reforma el código penal para eliminar las penas de 60 días para reincidentes aumentándolas a un plazo fijo de un año.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, presentó un denso paquete de indicaciones que incluye el capítulo primero de la gran reforma al código penal, para tramitarlo más rápido en este proyecto: La postura del gobierno es que la reincidencia debe mejorar, pero el plazo de un año desordena otras penas del código.
Felipe Kast, Presidente de la Comisión de Seguridad, dice que avanzará votando la iniciativa el próximo martes.
Por fuera de la agenda también avanzan iniciativas: La oposición ya logró aprobar en general en comisiones, un proyecto que permite el uso de arma de fuego por parte de personal de gendarmería en retiro y continúa presionando con una agenda propia.
Sin ir más lejos, el llamado ‘Criterio Valencia’ – la estrategia de prisión preventiva para inmigrantes sin documentos- pasó al Senado como indicación en otro proyecto: La iniciativa que establece como agravante los delitos cometidos en el extranjero.
Jaime Araya, diputado independiente PPD, cuestionó la costumbre de la oposición de meter proyectos completos como indicaciones en iniciativas que están más avanzadas.
Aún le queda un largo camino a la agenda de seguridad. De las 12 iniciativas que le corresponde ingresar al ejecutivo está ingresada la mitad y un proyecto que promete ‘sacar chispas’ es el que pena el porte de combustible en manifestaciones, que es un proyecto recién ingresado.
El Congreso y la Moneda buscarán cumplir con el plazo de los 150 días y el de un año de trámite, pero la preocupación mayor es para el oficialismo, que busca evitar que Chile Vamos y Republicanos sigan volteando la agenda.
