"Creo que va a existir la unidad entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático para apoyar al Ministro Jackson. No creo que haya que hacer negociaciones", aseguró el diputado Cristian Tapia. Sin embargo, una postura muy distinta manifestaron desde el PDG, donde el parlamentario Gaspar Rivas se mostró convencido de que será aprobada la AC contra el secretario de Estado, y tildó como el momento ideal para que "el Gobierno reciba una señal política potente".

La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, retomará su trabajo este viernes para recibir audiencias, esperando el ingreso de la defensa del acusado.

Durante la jornada de este 13 de enero, la comisión encargada de analizar la AC contra el secretario de Estado, recibirá a la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro; la ex seremi, Patricia Hidalgo y el Director Nacional de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Luis Penchuleo, entre otros.

La diputada de Convergencia Social y presidenta de la comisión, Clara Sagardía (IND), se refirió a la organización de invitados.

“Hemos determinado a los invitados, establecido el cronograma de las audiencias que serán los días viernes, lunes y martes. Estamos esperando la respuesta que tendría el acusado, Ministro Jackson. Si nos da el tiempo, para hasta el miércoles tenerlo listo“, explicó Sagardía.

Unidad en el oficialismo y apoyo a Ministro Jackson: “No creo que haya que hacer negociaciones”

El jefe de bancada IND-PPD, Cristian Tapia, asegura que habrá unidad en el oficialismo, pese a las apreciaciones sobre la persona del ministro Jackson.

Creo que va a existir la unidad entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático para apoyar al Ministro Jackson. No creo que haya que hacer negociaciones, creo que todo esto se tiene que dar de una forma natural. Si está unida la derecha, nuestro sector también tiene que estar unido”, aseguró Tapia.

PDG se inclinaría por apoyar Acusación Constitucional

La diputada Marlene Pérez (UDI), presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, está recolectando firmas para que una Comisión Investigadora analice los problemas de gestión en el programa Mejor Niñez, que forma parte de uno de los capítulos del libelo acusatorio.

“Tenemos los suficientes antecedentes de las irregularidades que hoy están ocurriendo en el Servicio Mejor Niñez, que llegó a mejorar el Sename. Los programas ambulatorios, lo que ocurrió con las licitaciones fallidas de los programas de continuidad, pero también habían nuevos programas que terminarían con estas largas listas de espera que hoy existen”.

Misma postura expresaron desde el Partido de la Gente (PDG), donde el diputado Gaspar Rivas manifestó estar convencido y que se tienen los fundamentos necesarios para que la AC sea aprobada. Asimismo, apuntó al Gobierno, insistiendo en que “es el momento de que reciba una señal política potente”.

“Tiene, a mi juicio, los fundamentos necesarios para poder ser aprobada. Sino que, y muy importante, considero que es el momento de que el Gobierno reciba una señal política potente por parte del parlamento que le haga enmendar el rumbo de los errores que ha cometido en estos últimos meses“, expuso.

“Malas relaciones que Jackson cultivó mientras estuvo a cargo de Segpres”

El diputado José Meza (Republicanos) también demostró seguridad respecto al positivo resultado esperado por la oposición, donde sostuvo estar tranquilo desde el partido. Además, se refirió a las “malas relaciones” del Ministro de Desarrollo Social como algo cultivado por el propio secretario de Estado.

“Desde distintas bancadas ya nos han manifestado su apertura a estudiarla. Nos tranquiliza. Creemos que si las distintas bancadas, los diputados de distintos sectores, analizan con objetividad esta AC, esta va a ser aprobada”, señaló Meza.

En esa línea, agregó que “las malas relaciones que el propio Ministro Jackson cultivó mientras estuvo a cargo de la Segpres (Secretaría General de la Presidencia), por supuesto que también abonan”.

Finalmente, cabe recordar que aún quedan 7 días de plazo para que el secretario de Estado presente su defensa contra la Acusación Constitucional.