Las pensiones de gracia van entre los $257 mil y los $516 mil mensuales, dependiendo del tipo de lesiones o agresiones sufridas a partir del actuar de agentes del Estado.
El subjefe de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma, junto a los diputados Henry Leal, Cristián Labbé y Flor Weisse, oficiaron esta mañana al Ministerio del Interior para transparentar si los indultados fueron beneficiados con pensión de gracia por el “estallido social”.
La idea es la cartera que encabeza la ministra Carolina Tohá entregue los antecedentes respecto a si alguno de los 12 condenados por delitos cometidos en el “estallido social”, recibieron o solicitaron con anterioridad la pensión de gracia que el Gobierno otorgó a quienes habrían sufrido algún tipo de menoscabo laboral en octubre de 2019.
Al respecto, los parlamentarios recordaron que, tras una solicitud que realizaron vía Transparencia, desde el Ejecutivo habían informado que -hasta octubre de 2022- un total de 367 personas se encontraban recibiendo dicho beneficio.
Este último va entre los $257 mil y los $516 mil mensuales, dependiendo del tipo de lesiones o agresiones sufridas a partir del actuar de agentes del Estado.
Sin embargo, los diputados de la UDI aseguraron que, en dicha oportunidad y pese a las solicitudes vía Transparencia y también por medio de oficios a Interior, el Gobierno no quiso transparentar si las personas que recibieron dicha pensión mantenían causas pendientes por delitos asociados al estallido.
Al respecto, desde el Ministerio respondieron el oficio asegurando que “el referido Departamento (de Acción Social) no mantiene información respecto a beneficiarios formalizados o condenados por hechos de violencia durante el estallido social”.
Lo anterior, “ya que se recepcionan los antecedentes de las víctimas enviados desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y se les concede la pensión de gracia de acuerdo a la calificación que realiza dicha institución”.
Por lo mismo, Coloma, Leal, Labbé y Weisse manifestaron que existe la “legítima duda” de si alguno de los 12 indultos esgrimió haber sido víctima de violaciones a los Derechos Humanos.
En esa línea, advirtieron que el Gobierno “tiene la obligación de transparentar, a la brevedad posible, si alguno de estos delincuentes recibieron o no una pensión de gracia, lo que sería extremadamente grave”.
“La actual administración ha cometido una infinidad de errores políticos y administrativos a partir de esta nefasta decisión que tomaron, pero nos parecería aún más grave que alguno de los indultados obtuviera este beneficio -pagado con los impuestos de todos los chilenos- sin que nadie haya revisado sus antecedentes”, cuestionaron los parlamentarios de la UDI.
En esa línea, los gremialistas expusieron que “lo mínimo que debieron hacer es verificar si las supuestas víctimas fueron partícipes de la grave vandalización que sufrió nuestro país”,
“De lo contrario, existe la posibilidad cierta de que más de algún beneficiario haya formado parte activa de la ‘primera línea’, y por qué no creer que, incluso, se trate de alguno de los delincuentes que indultó el Presidente”, añadieron.
“El Gobierno ha sido cómplice del manto de dudas que ha envuelto todo el proceso de indultos, porque desde el primer día que están cometiendo error tras error y no tuvieron la capacidad de reconocerlos”, sostuvieron.
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