En el acuerdo, aprobado en la Cámara por voto de mayoría, se observan materias como la celeridad con que se están visando estos beneficios, sin que concluyan los juicios por hechos de violencia acontecidos en dicho periodo.
Por 79 votos a favor, 55 en contra y 6 abstenciones, la Cámara aprobó el acuerdo 13, por el cual se expresa “extrema preocupación” por el análisis y criterio aplicado por el Gobierno para otorgar pensiones de gracia a eventuales víctimas del estallido social que hayan sufrido un menoscabo laboral.
Además, se observa la mayor celeridad que se ha dado en la tramitación de este beneficio. Igualmente, las modificaciones introducidas en el último tiempo, tales como el incremento de los montos de cada tramo.
Asimismo, habría una redefinición de los tramos, según las lesiones sufridas. A esto se suma la extensión de los plazos dentro de los cuales se hayan verificado los hechos causantes del presunto menoscabo.
Recordemos que tras denunciarse en la región del Bío Bío que nadie de la zona ha recibido pensión de gracia tras sufrir violaciones a los derechos humanos en el estallido social, el subsecretario Manuel Monsalve señaló que todos recibirán dicho beneficio tras ser validados por el Instituto de Derechos Humanos.
Pensiones de gracia
En el texto se recuerda que la Ley de Presupuestos para el año 2021 incluyó una glosa destinada a reparar económicamente a las víctimas, donde apunta a personas que sufrieron violaciones a los DDHH acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos.
En particular, debían corresponder a víctimas que, a causa de sus lesiones, padecieran un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo.
El documento sostiene que la transparencia y la certeza jurídica son fundamentales en la entrega del beneficio. En tal plano, se critica que la celeridad con que se visó ya 296 pensiones de gracia debe tomar en cuenta los procesos judiciales en curso.
Así, se apela a que no existe claridad de la responsabilidad de algunas de esas personas en hechos graves de violencia.
El acuerdo es una propuesta de los y las diputadas de la bancada UDI: Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Cristian Labbé, Henry Leal, Daniel Lilayu, Cristóbal Martínez, Marco Antonio Sulantay y Flor Weisse.
