La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a tercer trámite el proyecto de ley que obliga a los colegios particulares pagados, a reservar -desde kínder- cupos para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. Desde el Partido Republicano hicieron reserva de constitucionalidad, porque se estaría afectando la libertad de enseñanza.

Un amplio apoyo tuvo en su votación en particular en la Sala de la Cámara, el proyecto presentado por un grupo de senadores que busca terminar con la discriminación que sufren los y las estudiantes con Necesidades Educativas Especiales permanentes (NEE), en los colegios particulares pagados.

La iniciativa de artículo único, modifica la Ley General de Educación (LGE), estableciendo que las escuelas pagadas deberán contar con programas de inclusión escolar pertinentes, realizando las adecuaciones curriculares necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes.

El proyecto obliga además a estos establecimientos privados, a asegurar que desde kínder el 5% de los cupos sean prioritarios para estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales permanentes, fijando un mínimo de dos cupos por curso, independiente si cubren todos o no.

La diputada independiente con cupo de Revolución Democrática, Mercedes Bulnes, señaló que este es un proyecto que promueve una sociedad abierta, plural e inclusiva.

“La intolerancia, el miedo al otro, las discriminaciones que sufren las personas con necesidades educativas especiales, son lacras sociales que deben ser eliminadas y nunca toleradas, ni por acción ni por omisión. Y no podemos seguir escondiendo nuestros prejuicios bajo la alfombra. El compartir de nuestros niños, con sus pares distintos, los hará mejores personas”, expresó Bulnes.

El proyecto fija además que en ningún caso se podrá cancelar la matrícula de los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales permanentes, ni tampoco podrán cobrar una matrícula y arancel diferente debido a los costos de implementación de los programas de integración escolar.

El diputado Humanista, Hernán Palma, sostuvo que el proyecto se hace cargo de un tema humano que hay de fondo, debido al sesgo social y familiar que existe.

“Los más invisibilizados (…) son aquellos que padecen discapacidad en el ámbito cognitivo. Y ni hablar de la salud mental. No va a ser posible avanzar en esto si no cambiamos nuestra sensibilidad”, sostuvo Palma.

La norma establece que los apoderados deberán presentar evaluaciones médicas o certificado de discapacidad, para tener la prioridad al momento de la admisión.

También se tendrá que priorizar a él o los hermanos de alumnos matriculados que presenten necesidades educativas especiales permanentes.

Desde el Partido Republicano, en tanto, hicieron reserva de constitucionalidad porque se estaría afectando la libertad de enseñanza, al tener los colegios privados que hacer adecuaciones curriculares para brindar educación a estos alumnos.