Marcela Hernando, parlamentaria y futura ministra de Minería, confirmó que Enami aplazará la licitación por la venta de inmuebles tras la polémica generada. Además informó que acudió a la Contraloría y la justicia para que invalidar el proceso.
La futura ministra de Minería, Marcela Hernando, entregó detalles de la denuncia por la venta de una serie de inmuebles pertenecientes a la Empresa Nacional de Minería (Enami) un día antes del cambio del Gobierno. Además, confirmó el aplazamiento de la licitación y que acudió a Contraloría y la justicia para invalidar el proceso.
Lo anterior, luego que la actual parlamentaria oficiara al vicepresidente ejecutivo de la estatal, Enrique Valdivieso, para esclarecer la información de dicho proceso de venta y que derivó en que éste propusiera aplazar la entrega de ofertas.
El ejecutivo de la firma aseguró que “no es efectivo que Enami esté llevando a cabo un proceso de remate de ningún activo ni mucho menos del edificio corporativo”.
En conversación con Podría Ser Peor, la futura autoridad afirmó que se enteró de la situación luego que le enviaran la publicación de la empresa de remate Tattersall, donde salía la casa central de Enami.
“Es bien confuso todo por, según dice el vicepresidente ejecutivo, el directorio sabía, pero en el acta, que tuve ocasión de leer, dice que con suma precaución se vea cuánto podrían obtener por una serie de activos inmovilizados que tiene Enami”, detalló y precisó que el directorio autorizó a explorar la alternativa, pero que en ningún caso fue una autorización.
Hernando insistió que el directorio no estaba de acuerdo; en cambio, el vicepresidente estaba decidido porque quiere terminar con cifras azules este año, debido a que la Enami presenta cifras negativas hace bastante tiempo.
La futura ministra confirmó que el vicepresidente le respondió una segunda misiva y le confirmó que “van a postergar todo lo posible la apertura de las ofertas”.
Sin embargo, para ella no es suficiente, porque postergar no implica invalidar el procedimiento. Por eso, espera que la Contraloría, a la cual ofició, y la justicia lo declare inválido. “De esa manera estaríamos seguros de que Tattersall no va a poder accionar ni cobrar tampoco por sus servicios”.
Agregó que “lo más grave es el precio. En la página de Tattersall aparece establecida una postura mínima de 4.300 millones de pesos y el avalúo fiscal es de 6 mil (…) hoy día esa propiedad cuesta 5 veces más de lo que la están viendo”.
Justamente en lo anterior es en lo que tiene reparos, ya que, si la empresa quiere hacer caja, no se entiende el bajo valor que buscan por las instalaciones.
“(El proceso) entiendo que está parado, no obstante, presenté un recurso de protección y espero que nos vaya bien, precisamente porque busco que quede invalidado”, complementó la parlamentaria.
Revisa la entrevista en Podría Ser Peor:
