Modificar diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, son los principales pilares de la Ley Antonia, proyecto que concluyó su análisis en particular en la Comisión Especial de la Mujer e Igualdad de Género.
La Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género concluyó el análisis en particular del proyecto Ley Antonia.
Esta iniciativa busca modificar diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar su revictimización.
Cabe recordar que el proyecto, que recibe su nombre en memoria de la joven Antonia Barra, recibió una serie de indicaciones con el fin de perfeccionar y armonizar el texto legal.
Junto a esto, durante su tramitación se escucharon a diversos actores relacionados y se contó con la permanente participación del Ministerio de la Mujer y la Fiscalía Nacional.
“Incluir inducción al suicidio”
La senadora Isabel Allende (PS), presidenta de la instancia especializada, valoró y celebró el avance y recalcó que “es muy importante incluir la inducción al suicidio” y agradeció a la familia de Antonia Barra.
La legisladora aprovechó también la oportunidad para repudiar los femicidios recientemente ocurridos y reconoció la sensación de “impotencia”.
En esta línea llamó a hacer un “mayor esfuerzo para que la sociedad tome conciencia y avanzar en evitar la violencia”.
Así también, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, destacó lo relevante del proyecto. “Este tipo de conductas no quedará más en la impunidad, como sociedad estamos dando una señal clara de condena total de cualquier tipo de violencia contra las mujeres”.
Aumentos de penas
Entre los acuerdos alcanzados están una serie de derechos de las víctimas que incluyen: el evitar la revictimización con personal capacitado en formación en género y la anticipación de la prueba con el fin de evitar la victimización secundaria.
Asimismo, los jueces deberán impedir preguntas que “humillen, causen sufrimiento, o lesionen la dignidad de la víctima”.
Otro de los puntos destacados, fue el aumento en la pena por “inducción” al suicidio de la víctima de delitos sexuales con resultado de muerte (Código Penal).
Lo anterior, con penas de cárcel que van de 3 años y 1 día a 5 años; y de 5 años y 1 día a 10 años (presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo).
Por otra parte, se respaldó lo relacionado con las medidas de prisión preventiva en estupro, abuso sexual calificado, abuso sexual y trata de personas.
Una vez que la Secretaría de la Comisión emita el respectivo informe, el proyecto quedará en condiciones de ser analizado por la Sala de Sesiones.
