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Las democracias no funcionan bajo estados de emergencia permanentes. Funcionan con instituciones, deliberación y acuerdos políticos
En los últimos días se ha instalado en el debate público la idea de que Chile estaría viviendo un “gobierno de emergencia”. La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, ha respaldado este concepto impulsado por el presidente José Antonio Kast para justificar una agenda política marcada por decisiones rápidas y medidas extraordinarias.
Sin embargo, es necesario preguntarse con serenidad si Chile realmente enfrenta una situación que justifique ese diagnóstico.
La historia reciente del país nos muestra con claridad lo que verdaderamente significa gobernar en emergencia.
El gobierno de Patricio Aylwin enfrentó una transición frágil hacia la democracia, con un régimen militar aún influyente y con Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejército. El país vivía tensiones institucionales profundas, una democracia incipiente y el desafío de reconstruir la convivencia política tras 17 años de dictadura. Aquello sí era gobernar bajo condiciones excepcionales.
Algo similar ocurrió cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia en marzo de 2010, apenas semanas después de uno de los terremotos más devastadores de la historia reciente del país. Ciudades destruidas, infraestructura colapsada y una reconstrucción urgente marcaban el inicio de su administración.
Incluso el gobierno de Gabriel Boric debió enfrentar un escenario extraordinario al asumir el poder: una economía golpeada por la pandemia, altos niveles de inflación global y las consecuencias sociales de una crisis sanitaria que alteró profundamente la vida cotidiana.
Esos contextos sí configuraban escenarios de emergencia.
Hoy Chile enfrenta problemas reales y urgentes. La seguridad ciudadana preocupa a millones de personas, el crecimiento económico sigue siendo insuficiente y la confianza en las instituciones requiere ser reconstruida. Nadie puede negar esas dificultades. Pero reconocer desafíos no es lo mismo que declarar una emergencia nacional permanente.
El riesgo de utilizar el concepto de “gobierno de emergencia” es que puede transformarse más en un recurso político que en un diagnóstico institucional. En democracia, las palabras importan, porque moldean las expectativas de la ciudadanía y el tipo de liderazgo que se ejerce desde el poder.
Además, los propios datos muestran un escenario político que está lejos de una legitimidad excepcional. Según la encuesta Pulso Ciudadano, el presidente José Antonio Kast debutó con un 47,5% de aprobación, una cifra relevante pero que ya ha mostrado señales de descenso en sus primeras mediciones.
Ese dato refleja algo simple: Chile no vive una situación de consenso extraordinario ni un mandato excepcional. Vive, más bien, lo que caracteriza a las democracias modernas: gobiernos que deben construir mayorías, dialogar con la oposición y responder a una ciudadanía exigente.
Las democracias no funcionan bajo estados de emergencia permanentes. Funcionan con instituciones, deliberación y acuerdos políticos.
Chile necesita liderazgo, sin duda. Necesita enfrentar con decisión la crisis de seguridad, recuperar dinamismo económico y fortalecer la confianza en el Estado.
Pero también necesita algo igual de importante: diagnósticos sobrios y responsables sobre el momento que vivimos como país. Porque cuando todo se presenta como emergencia, el riesgo es que finalmente nada lo sea.
Y la política, para ser efectiva, debe distinguir con claridad entre los desafíos estructurales de un país y las verdaderas crisis que ponen en riesgo su estabilidad institucional.
