Jorge Araya Parodi, fue formalizado hace dos semanas acusado de disparar contra un niño de 9 años en la población La Legua de San Joaquín, en 2014. Sin embargo, el oficial de Carabineros mantiene un largo historial de denuncias como falsificación, acoso laboral y sexual, y violencia intrafamiliar.

Un largo historial de denuncias arrastra el coronel de Carabineros Jorge Araya Parodi, sindicado como el autor del disparo que dejó ciego de un ojo a un menor en el 2014, en la comuna de San Joaquín.

Recordemos que Araya Parodi fue formalizado el 12 de noviembre pasado, acusado de disparar un proyectil de goma contra un niño de 9 años, quien quedó ciego de un ojo, en San Joaquín.

De acuerdo a la Fiscalía, el hecho se remonta al 11 de septiembre de 2014 cuando en la población La Legua se realizaba una manifestación por el Golpe de Estado. En medio de los incidentes, el carro policial a cargo de Araya pasó por Avenida Las Industrias efectuando disparos en contra de transeúntes.

Uno de los proyectiles llegó al ojo derecho del niño, dejándolo con pérdida de visión y con otras lesiones en el cuerpo. Además, debido al lugar donde recibió el impacto, el menor debe vivir con el proyectil al interior de su cabeza.

Finalmente, Jorge Araya Parodi quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de porte de arma y de acercarse a la víctima.

Actualmente, sigue realizando labores en el OS-10, el Departamento de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, donde desempeña actividades administrativas, lo que le permite cumplir la medida cautelar, sin perder su sueldo.

El historial de denuncias de Araya Parodi

Sin embargo, lo sucedido en La Legua no sería el primer caso en que estaría involucrado el mayor Jorge Araya Parodi, en un historial que suma denuncias por falsificación y uso malicioso de instrumento público, acoso laboral y sexual, además de otra denuncia por violencia intrafamiliar.

Según documentos a los que tuvo acceso BioBioChile, en diciembre de 2016, el entonces mayor de la 50 Comisaría de San Joaquín, fue denunciado por “falsedad de la firma rúbrica” por otro funcionario.

De acuerdo a los antecedentes, Araya habría falsificado una firma para cobrar una boleta de 6 mil pesos.

Por lo anterior, se hizo la denuncia respectiva en el Ministerio Público, por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público, quedando en espera de la citación de Fiscalía.

Denuncias por acoso y VIF

Asimismo, según publica Interferencia, el oficial suma una denuncia realizara por una funcionaria, que lo acusa de acoso laboral y sexual, por lo que se abrió una investigación administrativa.

Además, en marzo del año pasado, su cónyuge ingresó una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar, por lo que quedó con las cautelares de “prohibición de acercamiento del denunciado a la víctima y a su núcleo familiar por un plazo de 10 días, además de la incautación del armamento particular del denunciado”, indica el mismo medio.

Al respecto, el abogado del caso de Alexander, Cristián Cruz, criticó el cambio de funciones de Araya Parodi, lo que a su juicio revela la protección con la que cuentan los altos mandos a diferencia de los funcionarios de menor rango.

“No logramos entender cómo Carabineros da de baja a funcionarios policiales imputados por cohecho, es decir, recibir coimas, sin recibir un juicio penal, pero cuando se trata de un oficial superior, imputado por un delito grave, Carabineros incluso lo cambia de función para que pueda cobrar su sueldo íntegro, es decir, le da facilidades a un imputado”, fustigó.

“Las señales son equívocas, aquí Carabineros debe dar una explicación al país”, agregó Cruz.

En ese sentido, cuestionó el historial de denuncias que arrastra Jorge Araya Parodi.

“Si este es el nivel de oficialidad que hoy día Carabineros ofrece al país, evidentemente que estamos en un grave problema como sociedad”, concluyó.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)