El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric; y el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, descartaron -por ahora- impulsar la legislación de una ley corta que les permita reinscribir las candidaturas rechazadas por el Servel. Parlamentarios de Nuevo Pacto Social dijeron estar de acuerdo con la tramitación de una iniciativa, en caso de que el Tribunal Calificador de Elecciones no restituya las cerca de 200 candidaturas de Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano.

A día de hoy, Apruebo Dignidad no tiene candidatos a diputados en 17 distritos a nivel nacional y, pese a que el plazo de apelación al Tribunal Calificador de Elecciones vence este miércoles, ya ingresaron un recurso de reclamación que les permita restituir las candidaturas.

Hay quienes ya hablan de impulsar una ley corta en caso de que el Tricel no de una respuesta favorable, tal como ocurrió en 2001, cuando el entonces presidente Ricardo Lagos respaldó una iniciativa similar en favor de la Democracia Cristiana.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric, dijo que por ahora no pretenden levantar una legislación en su favor, apelando a que el Tribunal reconsiderará la decisión del Servicio Electoral.

En ello coincidió el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien además confirmó que ya presentaron los antecedentes ante el Tricel y explicó que los argumentos se basan en las fallas de la plataforma el día de las inscripciones.

Pese a esto, parlamentarios de Nuevo Pacto Social coincidieron en que respaldarían la tramitación de una ley corta.

La diputada radical Marcela Hernando, aseguró que pese a formar parte de la competencia, le parece legítimo buscar las opciones necesarias para que sea la gente quien decida; mientras que el diputado de la Democracia Cristiana, Daniel Verdessi, afirmó que de no haber respuesta favorable apoyará una ley corta.

Tras la publicación de la nómina oficial por parte del Servicio Electoral, el pasado viernes, siguen siendo 96 las candidaturas parlamentarias rechazadas. Algunos sectores del Frente Amplio estarían de acuerdo en recurrir a una normativa como última opción; sin embargo, hay discrepancias por la situación de privilegio en que les posicionaría.