La Corte Suprema ratificó la condena en contra del Banco Bice, que deberá pagar 20 millones de pesos, por concepto de daño moral a su cliente, el abogado Felipe García-Huidobro, dirigente gremial de sectores del agro en la región de O’Higgins, otrora consejero regional por Cachapoal durante dos periodos y excandidato a convencional constituyente por la UDI.

Los hechos se remontan a 2015, cuando el banco detectó que uno de sus ejecutivos había perpetrado diversas estafas, hurtos de dinero y falsificaciones de instrumentos privados mercantiles y no mercantiles, en perjuicio de diversos clientes del banco, entre ellos, García-Huidobro.

Según se desprende de la querella que interpuso el dirigente político, el alcance total del fraude llegó a los $907.212.000, estimando en $574.682.700 el monto sustraído desde sus cuentas, tanto personales como de una sociedad que representa.

La estafa

El 6 de abril de 2015 el Banco Bice detectó sobregiros de 8 clientes de la cartera del ejecutivo Jorge Palacios Figari, que trabajaba en la entidad desde 2006, entre ellas la cuenta de García-Huidobro, razón por la cual le solicitaron explicaciones.

El trabajador “informó que al cabo de pocos minutos ya se habían solucionado los sobregiros”, relató Bice, agregando que lo inusual del hecho, es decir, que ocho clientes depositaran en sus cuentas casi simultáneamente fondos para cubrir sus sobregiros, les motivó a revisar la situación, detectándose que en los 8 casos los depósitos provenían de la misma cuenta, perteneciente a una sociedad de propiedad y bajo la administración del propio ejecutivo bancario.

Nueve días después de descubiertas las irregularidades, el banco interpuso una querella criminal en contra de Palacios ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, procedimiento penal que terminó con sentencia condenatoria dictada el 13 de noviembre de 2015, en la que se estableció que el trabajador había obtenido créditos asociados a la cuenta de García-Huidobro, entre otras, por un monto de $436.929.000, junto con transferir $30.323.200 desde la cuenta de la víctima hacia su cuenta personal.

La justicia, además, concluyó que con dichas actuaciones el ejecutivo había engañado a los representantes del Banco BICE, consumando el delito de estafa.

“Apenas el banco comprobó la situación anterior, los créditos falsos fueron inmediatamente anulados y se informó de la situación a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de modo que es el Banco quien ha debido soportar íntegramente las cantidades defraudadas por el sr. Palacios Figari, no adeudando nada por dichos créditos al actor”, arguyó la entidad bancaria durante el proceso judicial.

Cercanía y documentos en blanco

La defensa del banco intentó argumentar “ausencia de culpa” de Bice “por cuanto, con la autoridad y cuidado que su calidad de empleador le confería, no pudo impedir el hecho, y que no tenía modo de prever o impedir los ilícitos”.

Incluso deslizaron que la cercanía entre ejecutivo y cliente, junto a algunas conductas de la víctima podrían haber favorecido la ocurrencia de la estafa.

“Desde sus inicios la relación entre el ejecutivo y el actor se extendió más allá de lo estrictamente profesional, lo que se tradujo en que el cliente, (…) actuara con falta de control respecto de los movimientos de su cuenta corriente, y con tolerancia respecto de ciertas conductas irregulares por parte del ejecutivo que no fueron oportuna y debidamente informadas al agente de la sucursal del Banco”, se lee en parte del proceso judicial.

En concreto, el banco se refería a que García-Huidobro había solicitado un préstamo para entregárselo en mutuo al ejecutivo Palacios. Además, que el demandante le entregó documentos firmados en blanco para gestionar créditos, y que el ejecutivo retiraba sin autorización fondos de las cuentas del demandante para invertirlos.

Sin embargo, la justicia estimó que dichos antecedentes no liberan de responsabilidad al banco, junto con acreditarse que los delitos de estafa “no se materializaron abusando de los documentos en blanco que le habría facilitado el actor”.

Bice presentó un recurso de casación ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, el que fue desestimado, sin embargo, rebajó de 30 a 20 millones de pesos el pago por concepto de daño moral al cliente.

Ambas partes acudieron a la Corte Suprema, en contra del fallo de segunda instancia, pero el máximo tribunal declaró inadmisibles dichas acciones, por lo que ratificó lo sentenciado.

Este episodio incluso fue parte de la Memoria Financiera 2020 del Banco Bice. En ese momento, cuando todavía estaban pendientes los recursos de casación y apelación, la Administración de la entidad estimaba “poco probable que estos juicios resulten en pérdidas para el Banco”. Y si bien deberán pagar los 20 millones de pesos a su cliente, serán considerablemente menos que los $180 millones solicitados inicialmente.

Por los delitos de estafa y hurto, Jorge Palacios reconoció su responsabilidad y accedió a un procedimiento simplificado. Fue condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Por cumplir con los requisitos que establece la ley, al ejecutivo se le conmutó la pena de privación de libertad por una de libertad vigilada intensiva, sanción que llegó a su fin en enero de este año, con informe favorable de Gendarmería, dando cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones. Junto a ello, se le aplicó una multa de cerca de $1,3 millones.

Felipe García-Huidobro, en tanto, había probado suerte como candidato a constituyente por el Distrito 15, en la región de O’Higgins. Obtuvo el 2,92% de los votos y no resultó electo.