Según el Artículo 93 del Código Penal, la amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos. Por su parte, el indulto sólo remite o conmuta la pena, pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que determinan las leyes.
Abogados penalistas a favor y en contra del proyecto de indulto general, concuerdan en que la iniciativa busca una amnistía de los llamados “presos políticos” de la revuelta social. Por su parte, senadores insisten en que el Congreso defina una salida política, aunque reconocen dudas por personas que se puedan aprovechar de esta medida.
La iniciativa busca entregar un indulto general, por razones humanitarias, a las personas que fueron detenidas durante el denominado estallido social, que se encuentren bajo alguna medida cautelar o sentencia.
Jorge Boffil, abogado querellante por la Intendencia Metropolitana en algunos de los delitos que involucran a personas que buscan ser indultadas, se presentó ante la comisión de Constitución del Senado y señaló que existen incoherencias entre las premisas del proyecto y las normas que propone.
El jurista dijo este proyecto implica que el Estado y el sistema judicial decidan no ejercer su facultad punitiva. Además, cuestionó el rango de fechas de los delitos (7 de octubre de 2019 – 9 de diciembre 2020), afirmando que es muy extenso.
Asimismo, afirma que hay un error conceptual en calificar la iniciativa como indulto, ya que éste pesa sólo sobre personas que hayan recibido alguna pena y aquí todavía hay casos que siguen desarrollándose.
Según el Artículo 93 del Código Penal, la amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos. Por su parte, el indulto sólo remite o conmuta la pena, pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y demás que determinan las leyes.
En contraparte, el abogado Fidel Castro, quien representa a las Madres de Plaza Colón, argumentó a favor de la idea de delitos políticos y criticó el argumento de que en Chile no hay nadie preso por sus ideas.
En ese sentido, dijo que el mundo del derecho ha esquivado durante mucho tiempo hablar de delitos políticos, a menos que se trate de refugiados o personas extraditadas.
Además, precisa que el proyecto habla de una serie de transgresiones a los Derechos Humanos y afirma que, en muchos casos, sólo se ha escuchado la versión de las policías para investigar a los detenidos.
La senadora Luz Ebensperger (UDI), quien ha sido contraria a esta iniciativa, aseguró que este proyecto podría tener serias implicancias para las que -según ella- son las reales víctimas. Entre ellas, pymes, comerciantes y locatarios afectados durante el estallido social.
Tanto los senadores Francisco Huenchumilla (DC) como Pedro Araya (IND) insistieron en que se requerirá una decisión política del Senado para definir si se dará curso a la idea de legislar este proyecto.
Araya se refirió a la posibilidad de que personas que hayan cometido delitos comunes por fuera del estallido social, y que no estén contempladas dentro de la intención de las organizaciones, puedan aprovecharse del beneficio.
Al respecto, el abogado Fidel Castro dijo que si este proyecto de ley llegaba a ser muy específico, podría llegar a ser inaplicable. Asimismo, aseveró que si entra en vigencia, el Poder Judicial debería tener un proceso probatorio para que las personas logren adquirir un eventual indulto general.
