La Tesorería General de la República (TGR) destacó el rechazo unánime de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a cuatro recursos de protección interpuestos por deudores del Crédito Con Aval del Estado (CAE), con lo que, remarcó la TGR, el tribunal ” ratificó la plena legalidad de las cobranzas coactivas ejecutadas”.
En el último tiempo, desde la Tesorería han llamado a los deudores a normalizar su situación, ofreciendo facilidades y convenios de pago según niveles de ingresos. Con todo, desde junio que han iniciado embargos de bienes raíces y, en otros casos, han tomado fondos de cuentas bancarias pertenencientes a los deudores.
Corte ratifica legalidad de los embargos de la TGR a deudores del CAE
Dentro de los casos desestimados por el tribunal de alzada, la TGR destacó el fallo Rol N° Protección-3249-2026, donde se acusaba que la institución actuó de forma ilegal medainte el uso de procedimientos del Código Tributario para los requerimientos de pago y ódenes de embargo.
En este sentido, el demandante argumentó que el CAE posee una naturaleza civil y no tributaria -por lo que no le resultaría aplicable los procedimientos ejecutivos del Código Tributario-.
Ahora bien, la Quinta Sala de la Corte de Valparaíso determinó que no existe arbitrariedad, ya que, dijo la Tesorería en un comunicado, “una vez que el deudor incumple y se hace efectiva la garantía estatal, TGR está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario”.
“Este triunfo judicial se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles en esta materia a la fecha”, expresaron, apuntando que la justicia “ha ratificado sostenidamente” que los recursos de protección no son la vía idonia para que se debata la naturaleza jurídica de la deuda o cuestionar el proceso y tribunal competente de cobro.
Hace una semana, la TGR anunció que comenzaron a ejecutar embargos sobre bienes raíces de deudores, advirtiendo que de no regularizar la situación, las personas invocluradas pueden verse arriesgadas a perder su inmueble por remate judicial.
Con ello, anunciaron nuevos convenios flexibles, eliminando la obligación de pagar el 10% del total de la deuda de una sola vez.
Sin embargo, con el pasar de los días comenzó a hacerse patente una situación en redes sociales: personas que alegaban embargos en sus cuentas bancarias -incluidas las de ahorro-, quitando todos sus fondos.
Si bien el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha dado a entender que el general de los embargos se han aplicado a personas con remuneraciones sobre $3,5 millones, la autoridad dijo que en caso que hubiera gente por debajo de ese monto, “voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta”.
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