A partir de este lunes diputados de oposición comenzarán la preparación de una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Ante este escenario, expertos advirtieron que más allá de que prospere o no la acusación, habrá consecuencias políticas negativas a nivel país.
Tras el requerimiento presentado al Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo para frenar el tercer retiro de los fondos previsionales —proyecto iniciado por parlamentarios—, diputados de oposición comenzarán a redactar desde este lunes una acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
Ante este escenario se ha intensificado el debate no sólo por parte de parlamentarios, sino que también expertos han analizado la viabilidad y consecuencias políticas en torno a dicho procedimiento.
Patricio Gajardo, analista político y profesor de la Universidad de Chile, indicó que independiente del resultado de la acusación, el acto perjudicará la gobernabilidad del Gobierno e influirá en las próximas elecciones.
“Independientemente que resulte o no, es una medida… y generaría una sensación de absoluta ingobernabilidad, de ausencia de piso político para el Presidente. El resultado es que estamos adportas de una elección trascendental, la del 16 y el 17 de mayo”, sostuvo.
Por otro lado, Jorge Gómez, magíster en Ciencia Política e investigador de la Fundación para el Progreso, señaló que la iniciativa no ayuda a resolver problemáticas a nivel país y muestra una desorientación del Poder Legislativo.
“No solo no ayuda a corregir o a solucionar o afrontar la problemática que hoy se vive respecto a la pandemia, sino que muestra el nivel de desorientación del Poder Legislativo respecto a el uso de las reglas y normas constitucionales dentro del sistema democrático”, declaró.
Según la Constitución, una acusación constitucional contra el Presidente de la República sólo podría fundarse por actos de su administración que comprometan gravemente el honor y la seguridad de la nación o infringido abiertamente las leyes.
Eugenio Evans, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile, expresó que desde el punto de vista jurídico no existen argumentos válidos para tal acusación.
“Por lo menos, por lo que se sabe, el Presidente, hasta el minuto, no ha habido ningún acto de su administración relacionado con el tema (…) de los retiros de los fondos de las AFP, que pudieran incorporarse o haberse integrado a esta causal de acusación”, indicó.
Asimismo, Luis Fernando Sánchez, abogado de Charlas Constitucionales, recalcó que el Presidente tiene la atribución exclusiva de presentar proyectos de ley que modifiquen el sistema previsional.
“Por un lado, que es el Presidente quien tiene la atribución exclusiva para presentar proyectos de Ley que modifiquen el sistema previsional, que es algo que está establecido claramente en la Constitución, que es precisamente lo que está ocurriendo con una Ley de este estilo, entonces, a mi parecer no se cumplen la circunstancias para que se pueda presentar por parte del Congreso una acusación constitucional y menos aprobarla en contra del Presidente de la República”, adujo.
La redacción del libelo comenzaría a partir de este lunes según diputados de oposición. Esta sería la segunda vez que se intenta llevar a cabo una acusación contra el Jefe de Estado en lo que va de su segundo gobierno.
