La propuesta de ley que se vende como “humanitaria” es, en los hechos, una maqueta legislativa defectuosa que abre puertas a la impunidad y revictimización. Su redacción prioriza arreglos discrecionales y vínculos personales sobre estándares internacionales. Las leyes que protegen a víctimas requieren claridad, enfoque sanitario y protocolos centrados en la persona, no atajos que benefician intereses privados.
Las recomendaciones de organismos internacionales insisten en marcos integrales, definiendo claramente delitos, garantizar rutas de atención sanitaria y forense, y proteger a la víctima de la revictimización institucional.
El proyecto en discusión falla en lo básico: ambigüedad en definiciones, ausencia de mecanismos independientes de control y vacíos que permiten interpretaciones conformes a intereses familiares o de redes de poder. Esa mezcla de lenguaje humanitario por un lado y puertas abiertas por otro, crea incentivos para el aprovechamiento y para que actores con influencia esquiven responsabilidades.
Mientras tanto, la literatura científica muestra consistentemente que políticas mal calibradas o procesos que subordinan la atención clínica a lógicas políticas reactivan traumas, aumentan el estrés postraumático y reducen la denuncia efectiva. Revisiones sistemáticas identifican a sobrevivientes como un grupo con alta vulnerabilidad a la victimización secundaria cuando la respuesta estatal es fragmentada o condicionada.
En la práctica, una ley que delega decisiones esenciales en espacios opacos expone a las víctimas a procesos que reactivan miedo, vergüenza y desconfianza institucional. No es retórica, es evidencia clínica que exige rutas seguras, confidenciales y científicamente respaldadas. ¿Cómo cree usted que se sienten las víctimas y sus familias cuando esta legislación permite a sus abusadores y asesinos salir de la cárcel?
En lugar de atajos legislativos, el Estado y el poder legislativo debe priorizar políticas que otros países han demostrado eficaces: unidades forenses integradas y especializadas (por ejemplo: modelos de enfermería forense y centros multiagenciales), formación obligatoria de funcionarios, acceso real a apoyo psicosocial, líneas de denuncia seguras y programas comprobados para responsabilizar a agresores.
Escocia y otros países europeos muestran modelos de atención integrada que reducen la revictimización y mejoran el enjuiciamiento. Además, marcos de gobernanza que promueven coordinación interministerial y supervisión independiente, recomendados por organismos internacionales como la OCDE, son condición necesaria para evitar que la “humanidad” proclamada sea solo un ropaje.
La humanidad legislativa no se proclama, se construye con normas claras, evidencia científica y salvaguardias institucionales. Si el proyecto “copia y pega” persiste en su no sutil sesgo, ambigüedades y en suponer confianza en redes personales, será una bofetada a las víctimas y un verdadero estímulo al aprovechamiento. El país necesita, con urgencia, una ley que proteja a quien sufre y responsabilice a quien agrede, no al revés.
Gonzalo Quintana Zunino
Profesor asistente del Departamento de Psicología
Universidad de Chile
NOTICIA PATROCINADA
Presentado por:
Enviando corrección, espere un momento...
