Este lunes, las asociaciones de Magistradas y Magistrados, de Profesionales de la Administración y de Consejeros Técnicos del Poder Judicial retiraron su polémica petición para que la Corte Suprema gestionara ante el Gobierno salvoconductos para quienes tengan asesoras del hogar.
Lo anterior, especialmente, buscaba beneficiar a quienes tienen niños o adolescentes y que deberán dejar sus casas para retomar el trabajo presencial en la actual etapa de confinamiento.
Tras una entrevista con el jefe de esta rama del Estado, el ministro Guillermo Silva, el titular de los magistrados, Mauricio Olave, reconoció que hubo un error al momento de comunicar la solicitud “por no advertir otras variables”.
“Fue inoportuna pues debimos haber explorado otras salidas y considerar que una parte importante de la población no está inmunizada”, dijo a través de un comunicado.
“Atravesamos por una etapa crítica con severas restricciones sanitarias y por ello adherimos a la limitación de los desplazamientos y retiramos la petición a objeto de no exponer innecesariamente a aquellas personas que ayudan en el cuidado de nuestros niños y niñas, adultos mayores y asistencia en las tareas domésticas cuando no hay redes suficientes de apoyo”, dijo.
En el documento presentado señalaron además que su condición de profesionales al servicio de la ciudadanía les “impone el deber de conectar con aquellas sensibilidades que constituyen los pilares sobre los que se sustenta la sociedad (…) y que avanzan hacia la construcción de un país que hoy se halla en un estado de profunda reflexión sobre su porvenir, en la que todos estamos llamados a contribuir desde sus respectivas posiciones”.
De acuerdo a Olave, como gremios buscarán alternativas para la solución del problema que plantearon sus bases, idealmente de manera interna “como hemos hecho en otras oportunidades”, dijo.
“Por ahora nos preocupa el cumplimiento de los turnos presenciales que se dispondrán en el contexto del Protocolo de Manejo y Prevención de Covid-19 en tribunales y unidades judiciales consensuado con la Corte Suprema y las medidas que se adopten para retomar la tramitación de las causas cuyas actuaciones no han podido cumplirse como consecuencia de las restricciones sanitarias”, cerró.
Aunque nunca llegó al Ministerio del Interior de manera oficial, la petición fue descartada a las horas de ser publicada por medios de comunicación.
El jueves, durante el balance por la pandemia, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, recordó que la excepción a la cual estos tres gremios del Poder Judicial querían ser añadidos solo está permitida para el personal de salud y de las policías.
“Es decir, a aquellas personas que están todos los días luchando y trabajando para combatir esta pandemia y para cuidar la vida de todos los habitantes de nuestra República”, lanzó.
