La Conferencia Episcopal de Chile acusó discriminación religiosa por las nuevas medidas contempladas en el Paso 2 (Transición) en el plan Paso a Paso del Gobierno para contener el avance de la pandemia.
Según declaró la autoridad religiosa en su sitio web, “la Iglesia Católica, como otras confesiones religiosas, ha asumido como propia la tarea común de cuidarnos y evitar contagios y, cumpliendo todas las normativas vigentes”.
“En razón de ello, nos hemos visto forzados a restringir, por el cuidado del bien común, la participación de fieles en las ceremonias religiosas, fuente de esperanza y consuelo ante el dolor y la incertidumbre, siendo para muchas personas el único refugio”, recuerda la declaración, defendiendo la libertad de culto y de práctica de la fe religiosa como “un factor social esencial de una democracia moderna y para la consecución del bien común”.
Esto último, por cuanto representa un espacio para sobrellevar las dificultades y momentos de agobio “como los que vivimos”.
“Por eso nos resulta incomprensible y falto de racionalidad el criterio utilizado por la autoridad en su definición de las nuevas medidas para el Paso 2 ‘transición’ publicadas hoy, las que prohíben absolutamente la asistencia de fieles a ceremonias religiosas (exceptuando los funerales)”, sostuvieron, añadiendo que “la autoridad conoce las extremas cautelas que hemos adoptado en las celebraciones de fe los aforos que hasta ayer se reducían a 10 personas en espacios cerrados y 20 en espacios abiertos, de lunes a viernes. Resulta del todo incomprensible por qué se nos niega una mínima reunión de carácter espiritual, mientras se permite el funcionamiento de diversas otras actividades que contemplan mayores conglomerados y flujos”.
Los representantes del episcopado nacional lamentaron entonces que “el Gobierno no haya escuchado ni atendido el clamor de las instancias de fe, y termine sancionando una norma que resulta discriminatoria y contraria a la libertad religiosa de la que nuestro país se siente orgulloso”.
Por ello, solicitaron a la autoridad del Gobierno que se establezca, cuanto antes “una mesa de diálogo formal con todas las confesiones, que permita llegar a normas y disposiciones que no contradigan la libertad religiosa. Esperamos que de ese diálogo surja reconsiderar esta medida lo antes posible, especialmente en la proximidad de Semana Santa y de otras conmemoraciones importantes para los credos religiosos que convivimos en Chile”.
