La fiscal jefe (s) de la Chillán, Paulina Valdebenito, quien sustancia la investigación por supuestos delitos de corrupción en la Municipalidad de Recoleta, aseguró que -hasta el momento- el jefe comunal Daniel Jadue (PC), “no posee la calidad de imputado”.
Lo anterior consta en un recurso de reposición presentado ante el Juzgado de Garantía de San Carlos, mediante el cual Valdebenito objetó la resolución dictada por el mismo tribunal que proveyó el “patrocinio y poder” presentado por el abogado del edil, Sabas Chahuán, quien se desempeñó como fiscal nacional hasta noviembre de 2015.
En el documento, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la perseguidora sostuvo que “en la presente investigación, no se ha realizado ninguna actuación procesal contra (…) Daniel Jadue, por lo que no posee la calidad de imputado, siendo (…) improcedente la incorporación de su defensa a este proceso, así como la notificación de las actuaciones realizadas en él”.
Lea el escrito
El fondo de la presentación de la fiscal Valdebenito ante el tribunal es evitar que la Chahuán acceda a las diligencias que -eventualmente- podrían afectar a su cliente o bien a cualquiera de sus colaboradores. Asimismo, insistió en que el escrito debe ser presentado en otro rol de causa, que había sido informado previamente a Chahuán.
Hay que recordar que la mañana del pasado jueves 7 de enero, el Ministerio Público junto a la PDI, allanaron la sede comunal, previa autorización judicial. Desde el lugar incautaron computadoras e información relacionada con la licitación de las luces Led que, en todo caso, fue aprobada por el Concejo Municipal.
Tras la diligencia, desde el municipio esgrimieron que prestarán toda la colaboración para aclarar los hechos materia de la indagatoria.
Origen
La actuación realizada por el abogado del edil comunista, se produce luego de la publicación de una escucha telefónica, revelada por el diario La Tercera, entre el exabogado de Jadue, Ramón Sepúlveda y el gerente general de Itelecom, Marcelo Lefort.
El tenor de la conversación abordó la donación de $50 millones de la empresa a la Corporación Cultural de Recoleta para el financiamiento del festival Womad. Según el artículo, una vez realizada la primera transferencia, el 4 de febrero de 2019, el gerente de la firma envió un correo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -con quien mantenía un acuerdo para el financiamiento de proyectos- en el que mencionó que las 144 anomalías realizadas por el municipio en la licitación fueron subsanadas. Esto permitió que el BID destrabara los dineros. Lo llamativo es que la corrección de los problemas mencionados coincidieron con la fecha de la donación.
No obstante, fue la segunda parte de la interceptación la que despertó las sospechas de la fiscalía. En ella aparece una supuesta emisión de boletas de honorarios, que serían usadas para triangular dineros ilícitos.
Tras conocerse los hechos, Sepúlveda posteó en Twitter que “jamás se me pasaría por la cabeza ofrecer dinero a Daniel Jadue, ya que conozco su probidad y transparencia”.
A renglón seguido, agregó que nunca “he actuado de esa manera en mi vida profesional por lo que estoy totalmente dispuesto a colaborar con todo lo que sea necesario ante la fiscalía”.
Causa madre
Cabe recordar que una de las aristas de la causa Led está incoada en la jurisdicción de la Región de Ñuble, a cargo de la fiscal regional Nayalet Mansilla.
En esta cuerda separada, fueron formalizados este martes Ricardo Rodríguez, gerente Comercial de Itelecom, y Heriberto Bustos, gerente de Administración y Finanzas de la empresa de luminarias. Ambos por el delito de soborno. En otras palabras, el pago de coimas a funcionarios públicos.
Estos últimos se suman a León Marcelo Lefort, gerente general de la misma compañía; Pedro Guerra, subgerente; Ricardo Vallejos, exadministrador municipal de Chillán y Marcelo Campos, exjuez de Policía Local de la comuna de Pemuco.
