Los abogados del ministro del Interior, Víctor Pérez, presentaron la noche del jueves la defensa del secretario de Estado de la acusación constitucional que la oposición lleva en su contra por su gestión durante el paro de camioneros y Carabineros.
De acuerdo a los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza, la acusación constitucional presentada por diputados de oposición, no cuenta con los antecedentes necesarios, debido a que argumenta a que Pérez tiene el control del orden pública, pero ignora que eso no es así bajo estado de excepción.
“El libelo incurre en el grueso error jurídico de atribuir al Sr. Ministro acusado la obligación legal de control de orden público, ignorando el texto actualmente vigente del Decreto Supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado el 18 de marzo de 2020, que declara ‘estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile"”, sostiene la defensa.
Los abogados del ministro reiteran que los acusadores señalan facultades que Pérez no cuenta como titular del Interior, sino que más bien son ámbito del Poder Judicial o de la Fiscalía, especialmente en el capítulo que señala las acusaciones de violaciones a DDHH de Carabineros.
“El sistema de denuncia de carabineros operó con normalidad, Carabineros denunció a 1.006 personas a Fiscalía; de manera que no vio razón para ejercer acción penal como ministro del Interior por delito comunes; esa es una labor excepcional del Ministerio, que se ejecuta cuando corresponde legalmente, y después de un estudio detallado y razonado de los antecedentes de cada caso”, agrega la defensa.
Sobre el capítulo que lo acusa de dar un trato diferenciado a la movilización de camioneros con otra, por ejemplo las comunidades mapuches en La Araucanía, los abogados indican que algunas decisiones fueron tomadas por intendentes.
“Los acusadores fueron absolutamente desprolijos porque no examinaron el caso de las comunidades mapuches, y fue por esto que no constataron que, en su caso, el órgano legal de la acción penal que actuó, formulando una denuncia, no fue el Ministerio del Interior, sino que la decisión fue evaluada en su detalla y adoptada bajo su responsabilidad por el intendente de la Región de la Araucanía señor Víctor Manoli; que la planteó ante el señor Fiscal Regional de La Araucanía”, explican.
Al jefe del gabinete se le acusa por su manejo en el paro de camioneros y, recientemente, por falta de control jerárquico ante el actuar de Carabineros, luego que uno de sus efectivos fuera formalizado por el delito de homicidio frustrado, al ser acusado de empujar a un joven de 16 años al lecho del Río Mapocho.
