La jornada de este lunes comenzó a sesionar la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, donde se presentarán los argumentos para buscar su destitución.

La presentación fue realizada por el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, quien entregó los argumentos para presentar la acusación constitucional contra Pérez, apuntado por su rol en el paro de camioneros y la gestión sobre Carabineros de Chile.

Ascencio acusó a Pérez de respaldar la toma de carreteras por parte de camioneros y de no tomar alguna acción legal para sancionar las violaciones a los DDHH cometidos por agentes del Estado en los últimos meses, siendo el caso más emblemático el del joven que habría sido empujado por un carabinero al río Mapocho.

La acusación consta de tres capítulos, el primero se llama “Haber dejado sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público”, donde sostienen que habría respaldado la movilización de camioneros y la toma de carreteras.

“El Ministro no actuó, avaló una violencia, consciente y deliberadamente. Calificó como pacífico el estrangulamiento de las principales carreteras del país (…) Aquí no hay dudas, el Ministro no cauteló el orden público, dejó de ejecutar sus funciones, su rol está con la comunidad toda y no con un sector de la población, a quien trató de forma preferente“, acusan.

El segundo capítulo se denomina “Infracción a la Constitución y las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley”, acusando que el ministro de dar un trato distinto a manifestaciones según ideología.

“El trato distinto que recibe una u otra manifestación dependiendo de la ideología o
posición política que sustente, o el caso del desalojo de los municipios de la región de
La Araucanía, que están en el documento,
y que serán parte de la discusión de esta
Comisión”, explican.

El tercer capítulo se llama “Haber infringido la Constitución y las leyes, al no ejercer control jerárquico sobre los órganos sometidos a su dependencia”, donde lo acusan de la falta de control sobre agentes del Estado y específicamente Carabineros.

“El fundamento constitucional de esta acusación, imputable al Ministro, radica en que éste puede ser acusado no sólo por sus actos inmediatamente personales, sino también por los de los funcionarios bajo su dependencia. Aquí se trata de la responsabilidad del Ministro del Interior por los actos represivos de Carabineros”, indican.