Este jueves, el departamento de Estado de EEUU aprobó el plan de Chile para adquirir equipamiento que actualice y mejore la capacidad de su flota de aviones F-16, por un monto total de 634.7 millones de dólares.

El anuncio fue realizado por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa (DCSA) a través de un comunicado, indicando que el acuerdo comprende al menos 24 puntos, desde nuevo armamento y equipos de comunicación, hasta partes de repuesto y servicios de capacitación.

Entre ellos destacan 19 sistemas de visualización montados en los cascos de los pilotos (HMD), que les permite ver los instrumentos de navegación sin necesidad de bajar la vista al tablero, y 6 bombas inertes MK-82 de 227 kilos cada una, usadas para entrenamientos.

Según informa la agencia UPI, Chile actualmente posee 44 aviones F-16, entre los cuales hay 10 naves nuevas compradas a inicios de 2000, y 36 modelos más antiguos que fueron adquiridos a los Países Bajos.

“Esta propuesta de venta irá en apoyo de nuestras metas de política extranjera y de los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos, al mejorar la seguridad de un socio estratégico en Sudamérica”, indicó la DCSA.

“Esto ayudará a mejorar la capacidad de Chile de enfrentar amenazas actuales y futuras al modernizar su flota de F-16, permitiéndole resguardar su soberanía y la defensa de su territorio, mejorar su interoperatividad con los Estados Unidos y otros socios, así como amedrentar a potenciales adversarios. Chile no tendrá dificultades en absorber estas actualizaciones en sus fuerzas armadas”, concluye.

“Siempre hay otros países interesados en lo que vamos a comprar”

La renovación de los F-16 así como otros planes de compras de las Fuerzas Armadas, fueron analizadas durante una videoconferencia de los tres comandantes en jefe de las FFAA y el ministro del ramo, Alberto Espina, el 30 de junio pasado.

Según explica el sitio especializado InfoDefensa, el objetivo fue coordinar las acciones para compatibilizar el debido estudio y compra de armamento, con las normas de transparencia que permitan fiscalizar adecuadamente las adquisiciones.

“Todas las sugerencias que digan relación a cómo logramos el equilibrio ente medidas claras de fiscalización y que no se retrase la renovación del material bélico y de nuevo equipamiento, sobre todo considerando que cuando Chile compra un nuevo equipamiento, por las condiciones económicas de nuestro país, debemos estudiarlas bien”, indicó el ministro Espina en aquella instancia.

La verdad es que siempre hay otros países que están interesados en aquello que nosotros vamos a comprar. Quiero poner de ejemplo las fragatas que se adquirieron. Fue una adquisición que se hizo en un tiempo muy razonable, porque si no se perdían. Se las podían adjudicar a otro país. Lo mismo nos puede pasar con la mantención de los aviones de combate F-16 ó en todo lo que es la renovación que nosotros queremos hacer y actualizar de las unidades acorazadas del Ejército de Chile”, añadió.

“Son medidas en las que tenemos que mezclar la velocidad de compra con las medidas de transparencia. No se puede sacrificar ninguna de las dos y, por lo tanto, todo lo que signifique ayudar a despejar esas dudas lo tenemos claro y los comandantes en jefe saben perfectamente bien que ese es el espíritu que me anima a mí como ministro de Defensa”, concluyó el secretario de Estado en la comisión de Defensa del Senado de junio pasado.

Chile postergó el gasto

Tras conocerse la información del departamento de Estado de EEUU, el Ministerio de Defensa chileno informó que postergó a inicios de año actualización de los F-16 a raíz de la emergencia sanitaria.

El subsecretario de Defensa, Cristián de La Maza, precisó mediante un comunicado de prensa que el proyecto de upgrade tecnológico de los actuales aviones F16 de la FACH comenzó el 2012, y si bien “se encuentra validado técnicamente y estaba a la espera de asignación de recursos, a inicios de 2020 se tomó la decisión de postergarlo debido a la emergencia sanitaria y la necesidad de priorizar recursos del Estado en otras áreas más urgentes”.

Asimismo, explicó que los precios indicados en el comunicado de la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa (DCSA) “son referenciales y mayores a los
considerados en el proyecto del Ministerio de Defensa el que, a su vez, consideraba fases y pagos parciales en un período mayor a 9 años”.