Más de 90 figuras públicas, entre senadores, diputados, presidentes de partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil y gremios, enviaron una carta a la Cámara de Diputadas y Diputados solicitando que se rechacen los proyectos de Inteligencia e Infraestructura Crítica ingresados por el Ejecutivo.
En la carta, los firmantes expresaron su preocupación por el avance del proyecto en el Congreso y denuncian que de aprobarse, se vulnerarían los derechos humanos, sumándose a una agenda peligrosa de militarización de la seguridad pública.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Brito (RD), advirtió que se debe cambiar el sistema a uno avanzado, que otorgue garantías de seguridad y se anteponga al crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y el cohecho, pero que el proyecto presentado por el Gobierno no va en esa línea.
“No vi ningún experto en la comisión de Defensa que no haya levantado sus reparos. En consecuencia, nosotros compartimos las preocupaciones de las organizaciones sociales al respecto porque nos inquieta que el presidente en su esfuerzo por militarizar Chile nos lleve a enfrentar a compatriotas de uniforme con compatriotas de civil porque no ha querido atender las demandas sociales”, sostuvo.
Según Pablo Pinochet, presidente de la ONG Leasur, la poca capacitación de las policías en derechos humanos ha derivado en el amedrentamiento ciudadano y la vulneración de derechos y garantías por parte de funcionarios policiales y militares.
“(…)En Chile la tónica o práctica habitual que ha tenido la masa política ha sido el endurecimiento de penas, la criminalización de conductas, el otorgamiento de mayores facultades sin control judicial previo de instituciones policiales y la entrega de facultades que detentan las denominadas ‘fuerzas de orden’, a instituciones militarizadas, cuya capacitación y formación no están enfocadas a las relaciones con ciudadanos y ciudadanas; todo ello bajo el argumento de disminuir la delincuencia”, aseguró.
Por su parte, la presidenta de Corporación Humanas, Lorena Fries, indicó: “Que en este contexto el Gobierno ponga urgencia al proyecto que reforma el Sistema Nacional de Inteligencia es no comprender donde están las prioridades”.
“Avanzar en este proyecto mientras se postergan soluciones como el Ingreso Familiar de Emergencia y el postnatal, es evidencia de una concepción que prioriza el control sobre las personas en vez de garantizar derechos básicos como el derecho a la vida y a la salud, y a contar con lo necesario para la subsistencia de miles de chilenos y chilenas”, agregó.
Finalmente, la coordinadora de la carta y representante de la Comisión de Defensa y Seguridad de Convergencia Social, Renata Villamán, declaró que “la suma urgencia al proyecto de Ley de Inteligencia nos puso en alerta como parte de la sociedad civil organizada, puesto que nos expone a la vulneración de derechos y a la militarización de la vida social. En el contexto que estamos viviendo, devela el espíritu autoritario y las reales prioridades de este Gobierno”.
