En ese contexto, el actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que se implementará un nuevo protocolo de transparencia desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos para los convenios, medida que —según explicó— busca reforzar los controles y evitar situaciones similares en el futuro.

El Minvu sancionó a Tomás Ochoa Capelli, exdirector del Serviu de Valparaíso durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, tras detectarse incumplimientos en un proceso de licitación pública.

La medida establece la suspensión por tres años del Registro Nacional de Consultores, lo que lo deja inhabilitado para prestar servicios o adjudicar contratos con el ministerio y sus seremías.

Según la resolución, el profesional no formalizó dentro del plazo establecido el contrato para realizar fiscalización técnica de obras en el conjunto habitacional “Unidos por un Sueño”, en la comuna de Los Ángeles.

Aunque reconoció un retraso de ocho días en la firma, sus argumentos fueron desestimados por la cartera, que ratificó la sanción.

Ante esta situación, el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, indicó que se establecerá un protocolo de transparencia desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos para los convenios.

Por su parte, el abogado penalista, Ernesto Muñoz, precisó que aquello no implica necesariamente que exista un delito, ya que —según señaló— mientras no se configure una malversación de fondos o un fraude, la situación no debiese ser constitutiva de delito.

El caso se suma a otras controversias que involucran a Tomás Ochoa Capelli, quien también ha sido mencionado en investigaciones ligadas al denominado Caso Convenios, específicamente en su arista asociada a la Fundación ProCultura.