Este jueves debería sesionar nuevamente la Comisión de Constitución del Senado, con el objetivo de despachar a sala el proyecto de ley que busca endurecer las sanciones a personas que infrinjan las normas sanitarias.
La iniciativa fue aprobada en general el miércoles en su segundo trámite constitucional, sin embargo, se introducirán modificaciones al texto que fue recibido desde la Cámara de Diputadas y Diputados.
Si bien se mantuvo el aumento de penas, que pasaron de grado mínimo a grado medio y las multas monetarias de entre 6 a 200 unidades tributarias mensuales, éstas no podrán ser aplicadas en conjunto en todos los casos.
Además, causó discusión una sugerencia que realizó el Ministerio Público en torno a un inciso que sería agregado al artículo 318 del Código Penal, el cual buscaría castigar con presidio a personas que, “a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, lo obligue a trabajar presencialmente cuando éste se encuentre en cuarentena”.
La Fiscalía Nacional señaló que deberá aclararse por qué se produciría la situación, “ya que no resulta claro si se trata de una conducta de mera actividad, o si requiere que el trabajador efectivamente concurra”, señalaron, agregando que “se destaca la pregunta respecto del significado jurídico que el haber sido obligado”.
Al respecto, el senador Pedro Araya manifestó la necesidad de fijar correctamente en quién caería la responsabilidad, en caso de ocurrir un hecho así.
Su par de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, estimó que las multas o penas deberán caer sobre el empleador directo de la persona que fue obligada a presentarse en su puesto de trabajo.
Desde el Gobierno reiteraron la necesidad de la acelerar el despacho del proyecto a sala, para endurecer el perseguimiento penal a las personas que violen las normas sanitarias, como en fiestas o carreras clandestinas.
