Luego de diversos cuestionamientos, el Ejecutivo decidió retirar la indicación que excluía a ministros y otras altas autoridades públicas del proyecto de ley de rebaja de sueldos.

De acuerdo a lo que confirmó La Tercera, la decisión de retirar las indicaciones al proyecto que busca rebajar las remuneraciones de los parlamentarios y otras altas autoridades de la administración pública -50%- se tomó durante la tarde de este lunes, a pocas horas de haber ingresado una serie de enmiendas a la moción parlamentaria.

La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, fue aprobada por unanimidad por la sala del Senado el 31 de marzo pasado, luego de que se reactivara su tramitación ante la crisis económica suscitada por el Covid-19 en el país.

Luego de retirar la indicación, el senador Felipe Harboe dijo que “el Presidente pretendía fijarse él su sueldo, el de los ministros de la Corte suprema y del Congreso. Eso era parecido a lo que hizo Hugo Chávez para controlar a otros poderes del Estado, lo peor es que además no le rebajaba ni un peso a ministros, subsecretarios y operadores políticos del Gobierno. Se requiere rebajar dietas y sueldos de funcionarios políticos, sin tocar al Poder Judicial. Al final la retiraron porque sus propios parlamentarios les enristraron que era una error grave”.

Cuestionamientos

Previo a la decisión de retirada del Gobierno, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, apuntó a que la medida era una mala señal del gobierno.

“Creo que es una mala señal del Ejecutivo el excluir, debería incluirlas todas ahora, no quedar fuera, reducir la dieta de los parlamentarios, pero también poder abordar todo el mundo político, partiendo por el Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, alcaldes, y para eso es el Ejecutivo quien debe patrocinar esta indicación. Me parece una mala señal dejarlo afuera”, dijo el senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática.

En tanto, el senador DC Francisco Huenchumilla dijo que “se deja afuera a los alcaldes, concejales y consejeros regionales y se abarca todo el personal de confianza política del Gobierno, de ministros de Estado, subsecretarios, jefes de servicio, seremis. No se toca la Contraloría, ni el Poder Judicial, ni la Fuerzas Armadas y eso debe ser de iniciativa del Ejecutivo”.

Específicamente, respecto de la indicación se cuestionó que el gobierno dejara en manos del Consejo de Alta Dirección Pública la fijación de las remuneraciones de altas autoridades, además de incluir dentro de la normativa al Poder Judicial y al Ministerio Público.