La Cámara de Diputados aprobó por 82 votos a favor el proyecto “Chao Dicom”, que busca que aquellos estudiantes que poseen deudas asociadas a su instrucción, puedan acceder al crédito o al mercado laboral.
Según detalló el sitio web de la Cámara, la norma aprobada establece que, tal como no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con aquellas con instituciones de educación superior.
La aprobación se da luego de que la Cámara revisara un informe de la Comisión Mixta que zanjó las discrepancias respecto al proyecto que modifica la ley N°19.628 sobre protección de la vida privada.
El objetivo de lo anterior será “prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles”, precisó el Senado tras despachar a la Cámara el proyecto con 25 votos a favor.
La iniciativa también incluye a aquellas adquiridas con bancos o instituciones financieras o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.
Listo para ser ley
El proyecto tiene por objeto impedir que la morosidad en el cumplimiento de deudas educativas pueda constituir un punto negativo en los antecedentes comerciales o financieros de una persona que lo inhabiliten para acceder a otros tipos de créditos.
“Cabe consignar que el actual sistema de financiamiento educativo obliga a las personas a asumir personalmente deudas para acceder a un derecho que la Constitución encomienda al Estado garantizar”, subrayó el Senado en su nota de prensa.
De esta forma, los registros y bancos de datos no podrán comunicar:
-Todos aquellos antecedentes que digan relación con las deudas contraídas por una persona con instituciones de educación superior en el marco de las normas del Fondo Solidario de Crédito Universitario.
-Las deudas adquiridas con bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley que creó el Sistema de Créditos para Estudios Superiores (deudas CAE).
-Las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción.
-Las deudas contraídas con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.
El texto incluye un artículo transitorio que señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley, fecha desde la que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.
La moción entregó como antecedentes que, según el último informe Deuda Morosa, publicada por Dicom en el segundo trimestre del año 2018, los deudores morosos en el país sumaban más de 4.480.000 personas.
De ese total, un 4% se encontraba bajo el acápite “enseñanza”, es decir, casi 180.000 chilenos y chilenas estaban informados en Dicom por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos.
