La empresa Hyundai mantiene en vilo las obras del Puente Chacao, reavivando los fantasmas tras lo sucedido con el Cau Cau.
Se trata de la megaobra que une el archipiélago de Chiloé con el continente a través de un viaducto de 2.735 metros de extensión, que bajará el tiempo de traslado de alrededor de media hora, que es el tiempo que demora en barcaza, a poco más de 2 minutos en vehículo.
La idea de un puente por sobre el Canal de Chacao no es reciente. Se trata de una iniciativa nacida por la década del cincuenta, encabezada por el diputado Félix Garay Figueroa, el que se ganó el apodo de “el loco del puente” debido a su visionaria idea, y que falleció en 1997 sin ver hecho realidad su sueño.
El complejo historial que arrastra el proyecto
El proyecto arrastra una serie de situaciones polémicas. De hecho, durante la primera administración de Michelle Bachelet, en 2006 el Gobierno canceló la iniciativa dado su alto costo de construcción de 927 millones de dólares.
Seis años después, durante su primer mandato, el presidente Sebastián Piñera reactivó el proyecto, entregándose en diciembre de 2013 la concesión al Consorcio Puente Chacao (CPC), que integraba la empresa surcoreana Hyundai y la brasileña OAS; y como accionistas minoritarios, los franceses de Systra y los suecos Aas-Jakobsen.
Tres meses después, la Contraloría aprobó el contrato entre el MOP y el CPC por 700 millones de dólares.
Pero mientras se desarrollaban los estudios de ingeniería, en noviembre de 2017 Hyundai debió asumir el control luego que estallara el escándalo de la constructora brasileña OAS, involucrada en el mayor escándalo de corrupción que involucró a importantes políticos de América Latina.
Pese a todo, y luego de tres años de estudios de ingeniería, en febrero de 2018 se comenzaron las obras. Pero al poco andar, ocho meses después, el consorcio pidió más plazo y recursos para terminar la mega construcción.
Finalmente, en diciembre de 2018, hace prácticamente un año, el MOP se allanó a ampliar el plazo de construcción hasta fines de 2023. No obstante, se negó a entregar los 200 millones de dólares que había pedido la empresa.
Hyundai acusa “mala fe” del Gobierno
A través de una carta dirigida al ministro Alfredo Moreno, la empresa asegura que es imposible continuar con las obras del Puente Chacao.
“El incumplimiento de los compromisos contraídos por parte del MOP, la mala fe con que se han llevado adelante las conversaciones, el perjuicio injusto que de ello se deriva y la completa inseguridad jurídica que se instala como consecuencia, llevaron a CPC a la conclusión que es imposible, en estas condiciones, continuar con las obras”, señalaron en la misiva.
MOP amenaza con ir a la justicia
Al respecto, el Ministerio de Obras Públicas respondió mediante un comunicado, amenazando con recurrir a la justicia en caso de que CPC no cumpla con su parte del contrato.
“Como Ministerio debemos cuidar como corresponden los recursos del Estado, que pertenecen a todos los chilenos”, señala el escrito.
“El contrato establece claramente a los tribunales chilenos como mecanismo para dirimir cualquier diferencia”, indicaron, agregando que la empresa deberá enfrentar las consecuencias de su incumplimiento.
El factor terremoto
A toda la suma de situaciones, hay que agregar un factor que tiene que ver netamente con lo constructivo, según advirtió Selim Barría, presidente del Comité Pro Puente, en entrevista con Expreso Bío Bío.
El dirigente aseguró que después del terremoto de 2010, se solicitaron nuevos cálculos y diseños de ingeniería, que significaban obviamente un aumento de los costos en 200 millones de dólares.
“Eso no estaba considerado en la licitación y la adjudicación del puente”, detalló, enfatizando en que lo sucedido afecta la imagen internacional de nuestro país.
“¿Quién pierde acá? Acá pierden todos. Primero, la imagen de Chile en el extranjero está perdiendo. Segundo, si se retira la empresa tiene que pagar más de 80 millones de dólares, pero en definitiva ¿quién pierde? pierden los chilenos, los ancuditanos, los chilotes”, criticó.
En ese sentido, apuntó a la descentralización como tema de fondo en este conflicto. “Cada kilómetro en Santiago del Metro vale 100 millones de dólares y aquí lo que estamos pidiendo de alguna forma, o la empresa pide, 200 millones de dólares adicionales”, señaló.
Dirigentes critican la ausencia de estudios
Más crítico aún se mostró Juan Carlos Viveros, exvocero de la agrupación Defendamos Chiloé, enfatizando en que este proyecto arrastra un historial de errores que fueron advertidos en su oportunidad a las autoridades del MOP por los propios funcionarios de esa cartera.
Entre esos errores se contaría, por ejemplo, que no hubo una licitación por separado del diseño y de la construcción. Esto, pensando en que una vez determinado el diseño, recién se puede hacer una estimación más precisa respecto de los costos de la construcción, sostuvo Viveros.
“Este proyecto de puente sobre el canal de Chacao no tiene estudios de impacto ambiental, ni económico, ni social, ni cultural, no tiene estudios de impacto económico”, reclamó.
“Después de todo lo que ha sucedido, creemos que aquí lo que tiene que suceder es el término del contrato por incumplimiento de la empresa y el cobro de las garantías”, afirmó en diálogo con Expreso Bío Bío.
En ese sentido, apuntó a que con el dinero recuperado el Gobierno se debería destinar a una nueva agenda social, donde el principal problema es la conectividad interna.
“Prácticamente el 70% de los caminos rurales está destruido, no tenemos conectividad entre las más de 40 islas pequeñas y la isla grande”, lamentó.
Por último, Viveros opinó que lo sucedido es producto también del estallido social, que elevó el precio del dólar a niveles históricos.
“Todos sabíamos también que con un alza en el precio del dólar, las pérdidas por corrección monetaria del consorcio iban a ser de cientos de millones de pesos”, sentenció.
Durante esta mañana, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, enfrentó los medios de comunicación para asegurar que como Gobierno “no asumiremos costos más allá de lo que le corresponde al MOP, ni tampoco aceptaremos detenciones de las obras”, afirmando que no han sido notificado oficialmente de paralizaciones de faenas.
Sin embargo, el secretario de Estado desdramatizó la disputa afirmando que simplemente “tenemos una diferencia de opinión respecto de a quien corresponden los riesgos y los costos de una determinada situación”.
